Artículo de Opinión, Francisco Larrad
En los últimos años, Castilla-La Mancha ha presentado ambiciosos programas destinados a revitalizar el medio rural y frenar la despoblación, colocando la sostenibilidad y la innovación como piedras angulares de sus políticas. Iniciativas como las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley contra la Despoblación y la Escuela de Pastores se han exhibido como ejemplos de un compromiso genuino por parte del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, una revisión más crítica revela una desconexión inquietante entre las declaraciones públicas y la realidad que enfrentan los ganaderos y pastores en su día a día.
El pastoreo en Castilla-La Mancha es el ejemplo perfecto de cómo una política bienintencionada puede convertirse en una estrategia más de marketing político.
El viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, insiste en que “no hay sostenibilidad sin desarrollo, ni desarrollo sin sostenibilidad”. Esta declaración, reforzada en eventos como el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), busca posicionar a la región como un referente en políticas medioambientales y rurales. El diseño de 26 Agendas, ahí es na`, específicas en colaboración con grupos locales, la participación en foros internacionales como el de El Cairo, y la creación de una bolsa de pastores con más de 200 profesionales cualificados son ejemplos que el gobierno destaca con entusiasmo. Además, por primera vez en la historia de la PAC, se han adelantado pagos al sector ganadero, lo que supuestamente aliviaría la presión económica del sector. En total, se han desembolsado 81,3 millones de euros en ayudas directas y anticipos. No obstante, tras este despliegue de cifras y proyectos, el sector sigue enfrentándose a numerosos obstáculos. Los ganaderos denuncian una burocracia asfixiante que dificulta el acceso a ayudas y servicios prometidos. Si bien se resalta el pago de anticipos, muchos pequeños productores señalan que estas ayudas suelen llegar tarde o están condicionadas por trámites interminables. La Escuela de Pastores, una de las iniciativas más aclamadas, también muestra grietas. Aunque ha formado a más de 300 personas, muchos de estos nuevos pastores se encuentran con un mercado laboral que no siempre cumple las expectativas creadas durante su formación. Las explotaciones ganaderas enfrentan costes crecientes, falta de acceso a recursos básicos como agua y pastos adecuados, y dificultades para competir con la ganadería intensiva. Además, la simplificación normativa prometida, clave para atraer empresas y facilitar el desarrollo de los pueblos, sigue siendo un proyecto en papel. La “futura normativa” para agilizar licencias y calificaciones urbanísticas aún no ha visto la luz, dejando a muchos municipios en un limbo administrativo que retrasa inversiones y oportunidades de empleo.
Los actores locales, pese a su conocimiento del territorio, sienten que sus aportaciones se quedan en segundo plano frente a decisiones tomadas desde despachos alejados de la realidad rural.
El Gobierno regional resalta la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural como un pilar de sus políticas, pero desde el terreno se escucha otra versión. Los actores locales, pese a su conocimiento del territorio, sienten que sus aportaciones se quedan en segundo plano frente a decisiones tomadas desde despachos alejados de la realidad rural. El pastoreo, un símbolo de sostenibilidad y equilibrio medioambiental, es presentado como una solución al reto demográfico. Sin embargo, quienes eligen esta profesión enfrentan condiciones laborales precarias, falta de reconocimiento y un entorno normativo que no les facilita las cosas. A pesar del esfuerzo por crear nuevas explotaciones, las condiciones estructurales para que estas prosperen a largo plazo no están garantizadas. Un problema que agrava aún más la situación de los pastores es la sobreprotección del lobo, una especie cuya gestión genera un intenso debate. Aunque su conservación es importante, la política actual de blindaje absoluto ha dejado a los ganaderos desprotegidos frente a los ataques a sus rebaños, que son cada vez más frecuentes en ciertas zonas rurales. Esta situación crea un escenario insostenible, donde los pastores deben absorber pérdidas económicas significativas sin recibir compensaciones adecuadas o rápidas, mientras se sienten abandonados por las instituciones. En lugar de buscar un equilibrio entre la protección del lobo y las necesidades de los ganaderos, la normativa parece ignorar que el sustento de muchas familias y la sostenibilidad del pastoreo están en juego.
Un problema que agrava aún más la situación de los pastores es la sobreprotección del lobo, una especie cuya gestión genera un intenso debate.
El pastoreo en Castilla-La Mancha es el ejemplo perfecto de cómo una política bienintencionada puede convertirse en una estrategia más de marketing político. Se alaban los avances en foros nacionales e internacionales, pero se deja a los pastores y ganaderos a su suerte, enfrentándose a desafíos que no están contemplados en los discursos. Si realmente se busca fijar población y revitalizar el medio rural, es imprescindible pasar de los anuncios grandilocuentes a la acción efectiva. Reducir la burocracia, garantizar el acceso a recursos y construir un sistema de apoyo que no solo forme pastores, sino que les proporcione un entorno viable para ejercer su oficio, es el verdadero reto que el Gobierno de Castilla-La Mancha aún tiene pendiente.
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