La organización Amnistía Internacional ha anunciado que asistirá como observadora y ha instado a la Fiscalía a retirar los cargos, al considerar que las acusaciones suponen una restricción excesiva del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Amnistía Internacional asistirá como observadora al juicio de los #8deCaixaBank en Guadalajara
El próximo 10 y 12 de febrero de 2025 tendrá lugar el juicio contra los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, acusados por su participación en una protesta en diciembre de 2017 en una sucursal de CaixaBank en Cabanillas del Campo.
Un juicio marcado por la criminalización de la protesta
Los activistas se enfrentan a graves cargos. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 10 meses de prisión por un delito de resistencia y desobediencia, además de una multa de 600 euros por allanamiento. Por su parte, la acusación particular, ejercida por CaixaBank, pide una condena de dos años y medio de prisión por coacciones, ocho meses por resistencia a la autoridad y una multa total de 3.600 euros. En caso de impago, la multa podría traducirse en más tiempo de prisión.
Amnistía Internacional ha argumentado que los delitos de los que se les acusa requieren pruebas de violencia o intimidación, pero las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil durante la fase de instrucción confirmaron el carácter pacífico de la protesta. Además, la organización ha manifestado su preocupación por la inclusión del delito de ocupación en el Código Penal desde 2015, ya que su definición amplia podría utilizarse para restringir el derecho de reunión pacífica.
Contexto de la protesta
El origen del caso se remonta a diciembre de 2017, cuando miembros de la PAH accedieron a la sucursal de CaixaBank en Cabanillas del Campo con el objetivo de frenar un desahucio inminente. La vivienda en cuestión había sido ocupada por Paola, una madre con dos hijas en situación de vulnerabilidad, así como por otras familias en circunstancias similares.
Según los activistas, antes de la protesta mantuvieron conversaciones con el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y con CaixaBank, que en un primer momento habría manifestado su disposición a no ejecutar los desahucios y ceder las viviendas al consistorio. Sin embargo, al fracasar las negociaciones, la PAH llevó a cabo una serie de acciones para intentar retrasar el desalojo y continuar con el diálogo.
Una causa con repercusión en los derechos civiles
Amnistía Internacional ha denunciado que este juicio es un ejemplo de la criminalización de la protesta pacífica en España.
En su informe “Derecho a la protesta en España: Siete años, siete mordazas”, la organización documentó cómo la legislación y su aplicación han llevado a la persecución de manifestantes pacíficos y movimientos sociales.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recordado que las autoridades y las entidades privadas deben aceptar cierto grado de perturbación como consecuencia del ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En este sentido, Amnistía Internacional considera que las penas solicitadas para los #8deCaixaBank son desproporcionadas y pueden sentar un precedente preocupante para el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en el país.
Repercusiones y apoyo a los acusados
Diferentes colectivos y organizaciones de derechos humanos han mostrado su apoyo a los ocho activistas, destacando la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica. La PAH y otros movimientos sociales han convocado movilizaciones en solidaridad con los acusados, reivindicando la necesidad de una legislación que proteja a quienes luchan por el derecho a la vivienda.
Con la presencia de Amnistía Internacional como observadora en el juicio, la atención sobre este caso aumenta, poniendo en el debate público el equilibrio entre la legalidad vigente y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
