El campo en Castilla-La Mancha enfrenta una serie de desafíos profundamente arraigados: una dependencia excesiva de los pagos comunitarios, precios bajos de productos agrícolas y costes operativos elevados, y una transformación insuficiente tanto en la población como en las empresas locales. En este contexto, la reciente iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha de destinar más de 1,1 millones de euros del Plan de Recuperación para rehabilitar once inmuebles en siete localidades, aunque bien intencionada, resulta insuficiente y, francamente, poco rentable a largo plazo. No tendrá nada que ver imagino las elecciones Europeas.
La inversión en la rehabilitación de viviendas con un alquiler máximo de 250 euros mensuales y una ayuda adicional de hasta 3.200 euros para el mobiliario parece, a primera vista, una medida loable. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta solución es una gota en el océano de problemas que enfrenta el sector rural.
Para empezar, la matemática simple pone en tela de juicio la rentabilidad de esta inversión. Con un coste de 96.000 euros por reforma, y asumiendo que las viviendas se alquilen de manera continua a 250 euros al mes (como mucho, es decir, igual el alquiler es menor), se necesitarían 384 meses, o lo que es lo mismo, 32 años, para recuperar la inversión inicial. Esta proyección ignora el mantenimiento continuo, la posible vacancia y los cambios en el mercado inmobiliario que podrían afectar la estabilidad del ingreso por alquiler. ¿Es realmente sostenible este modelo a largo plazo? La respuesta es un rotundo no. No digo que todo lo que se haga deba ser rentable para recuperar el mundo rural, pero esta locura…
Más allá de la cuestión financiera, esta iniciativa no aborda los problemas estructurales del campo. La dependencia de los pagos comunitarios sigue siendo una carga pesada para los agricultores, quienes se encuentran atrapados en un ciclo de subsidios que perpetúa la ineficiencia en lugar de fomentar la innovación y la competitividad. Los precios bajos de los productos agrícolas, combinados con los altos costes de producción, erosionan los márgenes de beneficio y desalientan a los jóvenes a ingresar en la agricultura.
La escasa transformación en la población y las empresas agrava la situación. La falta de oportunidades laborales y servicios adecuados lleva a un éxodo continuo de jóvenes hacia las ciudades, dejando atrás una población envejecida y un tejido empresarial debilitado. Este círculo vicioso de despoblación y declive económico no se resolverá simplemente rehabilitando algunas viviendas.
El comisionado Jesús Alique ha subrayado la necesidad de que los planes de vivienda estatales sean más flexibles y se adapten a las realidades de los pequeños municipios. Esta es una solicitud sensata, pero debe ir acompañada de políticas integrales que aborden la raíz de los problemas y no quedarse en meras palabras. Es imprescindible fomentar la diversificación económica, apoyar la modernización de las explotaciones agrícolas y promover la innovación y el emprendimiento rural.
Si la gente quiere ir a la España rural y poder teletrabajar, lo primero que se debe acometer no es más ni menos que la cobertura y la disponibilidad de internet en cualquier punto.
Además, es crucial mejorar la infraestructura y los servicios públicos en las zonas rurales para hacerlas verdaderamente atractivas para los nuevos pobladores. La vivienda es solo una parte de la ecuación. Sin una economía vibrante y servicios de calidad, las nuevas viviendas rehabilitadas correrán el riesgo de quedarse vacías, meros monumentos a la mala planificación. Si la gente quiere ir a la España rural y poder teletrabajar, lo primero que se debe acometer no es más ni menos que la cobertura y la disponibilidad de internet en cualquier punto. ¿Eso se cumple? ¿O seguimos teniendo zonas de sombra de cobertura móvil?
Debemos de comprar el perro antes que el collar, o lo que es lo mismo, no debemos vender la piel del lobo antes de cazarlo. Es preocupante que tanto el Gobierno regional de Castilla-La Mancha como el Gobierno central sigan adoptando políticas que parecen más enfocadas en obtener réditos políticos en las próximas elecciones europeas que en abordar de manera efectiva los problemas estructurales de nuestra región. La escasez de vivienda en alquiler es ciertamente uno de los retos más apremiantes para aquellos interesados en trasladarse a los pequeños pueblos, pero la solución propuesta por la Junta de Castilla-La Mancha, con su énfasis en rehabilitar viviendas y establecer un precio máximo de alquiler de 250 euros, parece ser una medida superficial destinada a ganar votos, en lugar de un plan integral y bien pensado.
La realidad es que el problema de la vivienda en la España rural va mucho más allá de la disponibilidad de inmuebles. ¿Quién querrá mudarse a estos pueblos si no hay trabajo ni oportunidades económicas? Rehabilitar viviendas “por si acaso” no es una estrategia viable. Se necesita una política que atraiga a empresas y genere empleo, que modernice las infraestructuras y servicios públicos, y que revitalice el tejido socioeconómico de estas comunidades. Sin un enfoque holístico, estas iniciativas no son más que parches temporales que no solucionarán el problema de fondo.
Además, es notable cómo ciertas localidades, como la favorita del Señor García-Page, parecen recibir una atención y recursos desproporcionados y muchas veces no bien gestionados en comparación con otras áreas que también están en necesidad. Esta política de favoritismo y clientelismo, bajo el pretexto de resolver problemas habitacionales, no solo es ineficiente, sino también profundamente injusta. Es hora de que nuestros gobernantes dejen de lado sus estrategias electoralistas y se enfoquen en desarrollar políticas auténticas y efectivas que verdaderamente impulsen el renacimiento de nuestra España rural.
Hoy informamos, mañana transformamos: ¡Nos vemos en el próximo artículo!
