La reciente detección de nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres ha devuelto a la primera línea mediática un debate que en el mundo rural jamás ha desaparecido: la imprescindible labor de los cazadores en la gestión del territorio. Mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma y asegura que el abastecimiento está garantizado, la realidad es que quienes mejor conocen el monte, sus especies y sus problemas son los cazadores, aquellos que día tras día recorren los caminos, observan los rastros y detectan cualquier anomalía mucho antes de que llegue a los despachos de la administración.
“Los cazadores no son el problema: son la primera línea de defensa para frenar enfermedades, controlar la fauna y proteger nuestros ecosistemas.”
La PPA, una enfermedad sin vacuna y con un impacto económico potencial enorme, está siendo contenida en Cataluña gracias a la colaboración activa del sector cinegético, siempre presente allí donde se le necesita, pese a la criminalización constante que sufre desde determinados ámbitos urbanos alejados de la realidad del campo. Son los cazadores quienes primero encuentran animales muertos, quienes dan la voz de alarma ante comportamientos extraños, quienes saben dónde se desplazan los jabalíes y cómo varían sus patrones en cada estación. Ese conocimiento no se improvisa: nace de décadas de experiencia y convivencia directa con la naturaleza.
Algo similar ocurre con otras problemáticas de la fauna salvaje, como la expansión del lobo en la Sierra Norte de Guadalajara. Muchos discursos se elaboran desde oficinas con calefacción, pero los daños a la ganadería extensiva, los patrones de movimiento del depredador o el estado real de sus poblaciones solo los conocen, con precisión, los que están sobre el terreno. Y esos son los cazadores. Ellos comprenden el equilibrio del ecosistema porque lo viven a diario y porque su actividad, lejos de destruir, ayuda a mantenerlo. Por eso sorprende que, en las mesas donde se diseñan las leyes de caza, los planes de gestión y las estrategias de emergencia sanitaria, su voz siga sin tener el protagonismo que merece. No se puede regular el monte ignorando a quienes viven en él.
“La caza no solo gestiona el territorio: sostiene la economía de la España rural y mantiene vivos a cientos de pueblos cada temporada.”
Además, hay un aspecto que siempre se olvida cuando se habla de caza desde la distancia: su enorme impacto económico en la España rural. Durante la temporada cinegética, miles de pueblos ven duplicadas sus visitas, llenan casas rurales, restaurantes, gasolineras y pequeñas tiendas que dependen de esos meses para sobrevivir el resto del año. Monterías, batidas y recechos sostienen empleos directos e indirectos, fijan población y aportan vida a comarcas castigadas por la despoblación. Sin la actividad cinegética, muchos negocios rurales cerrarían y buena parte del tejido social que mantiene vivas nuestras sierras desaparecería sin remedio.
En plena crisis sanitaria por la PPA, queda más claro que nunca que los cazadores no son un problema: son una solución que España no puede permitirse ignorar. Son vigilancia preventiva, son gestión técnica, son conservación activa y son una inyección económica vital. Criminalizarles solo demuestra desconocimiento; reconocer su papel, en cambio, sería un acto de responsabilidad y sentido común. Si de verdad queremos proteger el territorio, frenar enfermedades, mantener el equilibrio de la fauna y defender a nuestra España rural, ha llegado el momento de escuchar —de verdad— a quienes la conocen mejor que nadie.
Hoy informamos, mañana transformamos. ¡Nos vemos en el próximo artículo!
ATICA y Juriscaza logran una sentencia histórica en defensa de los cazadores de la Sierra Norte
