García-Page cumple diez años al frente de la Junta de Comunidades manteniendo recortes de su antecesora
Toledo, 3 de julio de 2025
Diez años después de su llegada a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page sigue sin revertir los recortes aplicados durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Así lo denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta sobre la cronificación de medidas que nacieron como provisionales y que, a día de hoy, siguen marcando el funcionamiento de los servicios públicos en la región.
García-Page, que tomó posesión el 4 de julio de 2015, afronta su tercera legislatura con importantes promesas aún pendientes. Según CSIF, persiste la pérdida de derechos laborales, el deterioro progresivo de la sanidad y la educación, y una política de personal que mantiene restricciones en la incorporación de nuevos trabajadores. A ello se suma una creciente amenaza de privatización de servicios básicos.
“El Gobierno regional nos aseguró que los recortes eran temporales, pero diez años después siguen ahí. Los servicios públicos no se han reforzado, sino todo lo contrario. Sin ellos, aumenta la desigualdad y retrocede el bienestar social”, ha señalado Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.
Sanidad, Educación y Administración, los más afectados
La denuncia sindical pone el foco en la Sanidad, donde Castilla-La Mancha continúa siendo la única comunidad sin carrera profesional activa. La productividad variable lleva sin abonarse desde 2019, se cierran camas hospitalarias durante el verano y persisten las listas de espera por falta de recursos, tanto en Atención Primaria como en la Especializada.
En Educación, CSIF destaca que los interinos sólo cobran el verano si superan cinco meses y medio trabajados, las ratios y horarios lectivos se mantienen por encima de los niveles recomendados, y faltan apoyos educativos esenciales. En la Administración General, muchas plazas carecen de dotación presupuestaria, lo que deja vacantes sin cubrir y aumenta la sobrecarga laboral, al tiempo que avanza la externalización de servicios.
A todo ello se suma la eliminación del Plan de Acción Social, en vigor desde 1988 y suprimido por Cospedal, sin que hasta ahora se haya restaurado.
Una nueva ley que abre la puerta a la privatización
CSIF también expresa su preocupación ante la futura Ley de Simplificación Administrativa, que permitirá que las llamadas “entidades colaboradoras” asuman funciones públicas que hasta ahora eran exclusivas de empleados públicos. Esto podría implicar que trámites esenciales para la ciudadanía acaben en manos privadas, con el consiguiente coste económico para el usuario.
“Al igual que la Ley 1/2012 fue conocida como Ley Cospedal por el daño a los servicios públicos, esta debe considerarse la Ley Page, porque continúa ese mismo camino. Pese a las críticas sindicales y el dictamen negativo del Consejo Consultivo, la ley sigue su curso”, ha denunciado Domínguez.
Salarios congelados y alta temporalidad
CSIF también denuncia la pérdida de más del 20% del poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010. La única subida impulsada directamente por García-Page fue del 0,5% en 2019. El resto, recuerda el sindicato, han sido incrementos obligados por acuerdos estatales.
“Mientras sufrimos la inflación más alta de España, el Ejecutivo regional ha preferido conceder más de 51 millones en subvenciones a CCOO y UGT”, ha criticado Marisa García, secretaria de Acción Sindical de CSIF Castilla-La Mancha.
Por último, el sindicato advierte de que la temporalidad se ha convertido en otro problema estructural. Según datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, el 33,5% del personal es temporal: más de 17.500 trabajadores en sanidad, más de 11.600 en administraciones locales y más de 9.500 docentes interinos. En total, hay 46.771 trabajadores públicos con contratos temporales en Castilla-La Mancha.
