En España, el delito de alcoholemia está regulado por el Código Penal, en su artículo 379. A continuación, desglosamos todo lo que debes saber sobre este delito: las tasas permitidas, las penas correspondientes y el procedimiento legal.

¿Qué se considera un delito de alcoholemia?

El delito de alcoholemia se comete cuando el conductor supera una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 mg/l o en sangre de 1,2 g/l. En estos casos, la infracción no solo es administrativa, sino que se convierte en un delito penal. Si bien existen tipos de infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, el umbral penal para el delito es este.

¿Cuáles son las penas por el delito de alcoholemia?

Según el artículo 379.2 del Código Penal, las penas que se imponen por el delito básico de alcoholemia son:

• Prisión de 3 a 6 meses.

  

• Sanción económica de 6 a 12 meses .

• Trabajo en beneficio de la comunidad durante 31 a 90 días.

• Privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Estas penas son las que se aplican en el caso de que el conductor no haya cometido otros agravantes, como una conducción temeraria.

Tipos agravados del delito de alcoholemia: conducción temeraria

Si el conductor, además de dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pone en peligro la vida o integridad de otras personas, el delito se agrava considerablemente. En estos casos, el artículo 380 del Código Penal establece que la pena será de 6 meses a 2 años de prisión y privación del derecho a conducir durante un período de 1 a 6 años.

En situaciones más graves, como cuando el conductor muestra un desprecio manifiesto por la vida ajena (por ejemplo, conduciendo a alta velocidad o de forma peligrosa en un entorno urbano), la pena de prisión puede aumentar a 2 a 5 años, junto con una multa de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.

El procedimiento de las pruebas de alcoholemia

Cuando un agente de tráfico sospecha que un conductor puede estar bajo los efectos del alcohol, procederá a realizarle una prueba de alcoholemia. El primer test se lleva a cabo mediante un etilómetro, un dispositivo que mide la cantidad de alcohol en el aire espirado. Si el resultado es positivo o superior al umbral permitido, el conductor podrá ser sometido a una segunda prueba más precisa en un hospital o en una unidad móvil de tráfico, donde se realizará un análisis de sangre o de orina.

Es importante señalar que, si el conductor se niega a realizarse las pruebas de alcoholemia, esta negativa también constituye un delito de desobediencia (artículo 383 del Código Penal), lo que puede acarrear penas de 6 meses a 1 año de prisión y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

El juicio rápido en casos de alcoholemia

Cuando el delito de alcoholemia es evidente y la pena no supera los 5 años de prisión, el caso puede ser procesado bajo el procedimiento de juicio rápido. Esto es especialmente frecuente en casos de alcoholemia sin agravantes. En el juicio rápido, el acusado tiene la opción de conformarse con la pena propuesta, lo que puede implicar una reducción de la pena en un tercio.

El juicio rápido se celebra de manera expedita, con la finalidad de dar una respuesta rápida y efectiva ante infracciones que ponen en peligro la seguridad vial.

Consecuencias para el conductor

Las consecuencias penales del delito de alcoholemia van más allá de las penas privativas de libertad. Además de las sanciones mencionadas, el conductor también se enfrenta a la pérdida de puntos en el carné de conducir, lo cual afecta directamente a su capacidad para seguir conduciendo legalmente.

Es importante destacar que las personas condenadas por alcoholemia también pueden ser sometidas a la recuperación de puntos a través de programas específicos, lo que puede ayudarles a recuperar su licencia en caso de haberla perdido.

El delito de alcoholemia es un hecho grave en el ámbito del tráfico en España. Las penas varían según la gravedad del caso, pero todas las infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol pueden acarrear consecuencias penales severas. Además, la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia puede ser aún más perjudicial para el conductor.

Es esencial ser consciente de las tasas permitidas y los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol, no solo por las repercusiones legales, sino también por la seguridad propia y de los demás. Si te enfrentas a una acusación por alcoholemia, es fundamental contar con la asesoría de un abogado especializado en delitos de tráfico para entender mejor tus derechos y opciones.