La medida, que forma parte de un plan más amplio que afectaría a más de 70 paradas en total, ha sido duramente criticada por el Ejecutivo regional, que considera que tendrá un impacto negativo en la conectividad de numerosos municipios rurales.
C-LM alegará contra la supresión de paradas de la línea de autobuses Madrid-Teruel-Valencia que pasa por Guadalajara
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto del Ministerio de Transportes que contempla la eliminación de una veintena de paradas de la línea de autobuses Madrid-Teruel-Valencia a su paso por la provincia de Guadalajara y Cuenca.
Así lo ha expresado la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“No se pueden quitar de un plumazo las paradas que afectan a numerosos municipios de la región”, ha advertido, señalando que la actuación supondría un coste de hasta 13 millones de euros si la comunidad tuviera que asumir las rutas afectadas.
Padilla ha denunciado la falta de diálogo por parte del Ministerio, al que acusa de haber tomado una decisión “unilateral”, sin consenso previo con las comunidades afectadas.
“Si toman una decisión de estas características, como mínimo, es hablarlo, es consensuarlo”, ha insistido.
Según el anteproyecto presentado por el departamento que dirige Óscar Puente, la eliminación de paradas responde a criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que permitiría reducir el tiempo de viaje —hasta 51 minutos menos entre Cuenca y Teruel— y abaratar el precio de los billetes. Sin embargo, desde la Junta se subraya que estas decisiones deben equilibrar la rentabilidad económica con el derecho a la movilidad de los habitantes de las zonas menos pobladas.
En el caso concreto de Guadalajara, la supresión afectaría al 80 % o incluso al 90 % de las paradas actuales, quedando operativas únicamente las de Guadalajara capital, Alcolea del Pinar, Maranchón, Molina de Aragón y El Pedregal. En la provincia de Cuenca, se eliminarían once paradas, especialmente en municipios fuera del eje A-3 y A-40.
“La comunicación por autobús es esencial para muchos pueblos pequeños de nuestra región”, ha afirmado Padilla, quien considera que dejar sin servicio a estas localidades es una medida injusta que agrava el problema de la despoblación rural.
Desde el Gobierno regional también se ha cuestionado que el Ministerio traslade la responsabilidad del servicio a las comunidades autónomas sin garantizar previamente una financiación suficiente. Aunque se ha anunciado una inversión estatal de 40 millones de euros para que las autonomías asuman las rutas locales, desde Castilla-La Mancha insisten en que ese planteamiento no ha sido debidamente negociado.
El Ejecutivo castellanomanchego presentará en los próximos días alegaciones formales, con el objetivo de frenar una decisión que, de prosperar, podría dejar descolgados a decenas de pueblos que dependen de esta línea de autobuses como única vía de conexión con otras ciudades.
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