El próximo 14 de junio de 2023, y organizada conjuntamente por CEOE-CEPYME Guadalajara y Rodrigo Abogados, S.L.P., despacho de abogados de referencia en el mundo empresarial, tendrá lugar una Jornada Informativa que se celebrará en la Oficina Impulsa, y que lleva por título: “Los nuevos canales de denuncia en la empresa”.
La Jornada tratará de profundizar en las recientes obligaciones que se ciernen sobre la empresa y que traen causa de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida popularmente como Ley de Protección del Denunciante.
Como ponente principal intervendrá D. Manuel Quintanar Díez, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Despacho Report@, especializado en esta materia, y que cuenta en su currículo con haber sido Subdelegado del Gobierno en Madrid y Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como Director de Integridad de La Liga de fútbol profesional.
Servirá de introducción, tras las palabras de bienvenida de la Presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, Dª. María Soledad García Oliva, una breve disertación titulada “El reto del cambio de mentalidad en la empresa” que desarrollará D. José Enrique Izquierdo Revilla, responsable del Departamento de Derecho Mercantil, Societario y Concursal de Rodrigo Abogados, S.L.P., y que tratará de revisar la forma de actuar de las empresas ante distintas obligaciones y que, tantas veces, no acometen por no realizar pequeñas inversiones en técnicos y profesionales que, por contra, les facilitaría el cumplimiento de la legalidad y la evitación de perjuicios mayores.
Y es que la propia Ley de Protección del Denunciante prevé para la empresa, persona jurídica, sanciones que van desde los 100.000 euros para infracciones leves, hasta el millón de euros para las muy graves, sin olvidar que para los autónomos personas físicas que tengan trabajadores a su cargo, las sanciones oscilan entre los 1.000 euros y los 300.000 euros. Véase, por ejemplo, que son infracciones leves una mera falta de colaboración en una investigación interna o facilitar información incompleta, lo que da una pista de la importancia de tener un sistema de control implementado que evite estas irregularidades y, por ende, la imposición de unas sanciones que, por su volumen, pueden llevar a la empresa a una situación de insolvencia grave, cuánto más si la infracción cometida es grave o muy grave como fuera el caso de no tener mecanismos que garanticen la confidencialidad de quien denuncia.
