España anuncia cambios significativos en la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2024, introduciendo la ‘condicionalidad’ o penalización por incumplimientos laborales en explotaciones agrícolas. La medida, parte de la reforma de la PAC, impactará a 650,000 beneficiarios y generará cambios en la cultura laboral del sector.
España Impone ‘Condicionalidad’ en Ayudas de la PAC por Incumplimientos Laborales
Desde el 1 de enero de 2024, España ha comenzado a aplicar la “condicionalidad” social en la Política Agraria Común (PAC), marcando un hito al incorporar los derechos laborales como requisitos para el cobro de subvenciones. La medida, parte de la reforma de la PAC 2023-2027, busca fortalecer la dimensión social en la agricultura, equiparando la importancia de los aspectos laborales a los ambientales, agronómicos y de bienestar animal.
Aunque la implementación inició a principios de año, los primeros recortes en las ayudas por infracciones laborales se harán efectivos en 2025. La ‘condicionalidad’ afectará a los 650,000 beneficiarios de ayudas directas, de desarrollo rural y del Posei canario de la PAC en España, donde la agricultura emplea a 701,900 personas, según datos de la Encuesta de Población Activa.
Desde el sector agrícola, el cambio se percibe como una oportunidad para fortalecer la cultura laboral. Sin embargo, la confusión y las discrepancias persisten, con algunas fuentes cuestionando la carga ideológica y planteando preocupaciones sobre posibles dobles penalizaciones, dado que las infracciones laborales ya están sujetas a sanciones.
Las organizaciones agrarias y los sindicatos expresan inquietudes sobre la implementación práctica de la ‘condicionalidad’.
Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de COAG, destaca la necesidad de claridad en las sanciones y el proceso de aplicación.
España Transforma la Agricultura con la Condicionalidad Social en la PAC desde 2024
El proceso de aplicación implica inspecciones laborales, comunicación de penalizaciones a agrícolas, recopilación de sanciones hasta el 31 de enero de 2025, y determinación de cuantías por parte de organismos pagadores como el FEGA y comunidades autónomas.
La regulación establece que las infracciones laborales pueden resultar en recortes de ayudas, desde un tres por ciento hasta el cien por cien. El Gobierno detalló prácticas que los empresarios deberán cumplir, incluyendo la obligación de proporcionar contratos por escrito, garantizar la seguridad de los empleados y proporcionar servicios de prevención.
El recorte de ayudas se aplicará a explotaciones con incumplimientos sancionados en firme. El proceso implica la comunicación de las penalizaciones por parte de las autoridades laborales, seguido de la determinación de la cuantía por parte de los organismos pagadores.
El sector agrícola espera que la ‘condicionalidad’ social no solo fortalezca la cultura laboral, sino que también contribuya a una agricultura más atractiva para los jóvenes y a un refuerzo demográfico en áreas rurales. El impacto completo de esta medida se irá revelando a medida que se implemente y se evalúe en los próximos años.
