El Gobierno Regional Aprueba el Presupuesto de 2025 de 12.716 Millones de Euros para Impulsar el Desarrollo Económico y Social en Castilla-La Mancha
Toledo, 22 de octubre de 2024
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del desarrollo económico y social al aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2025, que asciende a 12.716 millones de euros. Esta cifra representa un aumento del 1,9% en comparación con el presupuesto del año anterior, reflejando el compromiso del Ejecutivo regional de “crecer para compartir”.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó que este presupuesto tiene como objetivo principal incentivar la actividad económica que genera riqueza y empleo. Al mismo tiempo, se busca reforzar el Estado del Bienestar, proteger a las familias, promover la transición ecológica y acelerar la transformación digital, además de afrontar el desafío de la despoblación.
Inversiones en el Estado del Bienestar
Un aspecto destacado del presupuesto es la asignación de 7.125 millones de euros al Estado del Bienestar. Esta cifra supone un aumento de 2.625 millones en comparación con lo presupuestado en 2015, y representa el 72% del gasto no financiero total. Esta inversión se destinará a servicios fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, asegurando así una mayor protección para los ciudadanos.
En el ámbito de la sanidad, la partida más alta del presupuesto, se asignarán cerca de 3.800 millones de euros. Este incremento del 58% desde 2015 permitirá aumentar el número de profesionales sanitarios y avanzar en la modernización del sistema de salud, incluyendo la convocatoria de 5.200 nuevas plazas para 2025. Además, se planea continuar el desarrollo de infraestructuras sanitarias y reforzar la atención primaria, especialmente en áreas rurales.
La educación también recibirá un impulso significativo, con una inversión de 2.380 millones de euros, un 5% más que en 2024. Esto incluye la puesta en marcha del transporte de bachillerato y la consolidación de aulas digitales en zonas despobladas, así como la incorporación de nuevo profesorado para reducir las ratios en educación infantil y bachillerato.
Fomento del Crecimiento Económico
Por otra parte, el presupuesto destinará 3.080 millones de euros a políticas económicas, incluyendo 2.037 millones para hacer frente a la despoblación. Este esfuerzo es parte del compromiso del Gobierno de estimular el crecimiento y el empleo desde una perspectiva sostenible. Se prevé una inversión de 336 millones para fomentar el empleo, así como 1.500 millones para la modernización del tejido empresarial.
Un aspecto clave mencionado por Ruiz Molina es la bajada sustancial en los ingresos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo cual refleja el alto grado de ejecución de estos fondos en la comunidad. Además, el presupuesto, que es el décimo del Gobierno de García-Page, muestra un compromiso continuo con la recuperación social tras años de ajustes previos, con un incremento total de 4.500 millones de euros en la última década.
Compromiso con la Responsabilidad Fiscal
El consejero también subrayó la necesidad de una reforma urgente del modelo de financiación autonómica para garantizar que todas las comunidades reciban la misma financiación por habitante. Rechazó la propuesta del concierto catalán como injusta y egoísta, ya que prioriza a una región sobre las demás, lo cual va en contra del principio de igualdad que debe imperar en las relaciones entre comunidades autónomas.
La presentación del presupuesto se enmarca en un contexto socioeconómico positivo para Castilla-La Mancha, donde la tasa de desempleo ha disminuido a más de la mitad desde 2015. Las exportaciones han aumentado en un 63% y la confianza empresarial en la región se encuentra 11 puntos por encima de la media nacional.
Con este presupuesto, el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo busca mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino también garantizar que el crecimiento económico se distribuya de manera justa y equitativa, permitiendo a todos disfrutar de los beneficios que genera el desarrollo de la región.