El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, acude con una reclamación clara: blindar la igualdad entre los españoles en el reparto de recursos. Su presencia busca que el nuevo modelo de financiación no solo reparta, sino que equilibre, y no sirva para alimentar agravios entre territorios.
El modelo de financiación, eje de la 28ª Conferencia de Presidentes en un clima de tensión política
La 28ª Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Barcelona, se presenta como un tablero de debate donde convergen hasta 16 asuntos de máxima relevancia, con el modelo de financiación autonómica como uno de los pilares más esperados y reivindicados, especialmente por Castilla-La Mancha. Sin embargo, la cita institucional llega marcada por un clima político enrarecido que amenaza con diluir la posibilidad de acuerdos reales.
Pero las tensiones acumuladas empañan los buenos propósitos. Desde el Partido Popular ya se advertía esta semana que, si no se incluían sus propuestas, se replantearían su asistencia. Finalmente, el Ejecutivo accedió a incorporar sus demandas, aunque ello no garantiza una hoja de ruta común. La confrontación política late bajo cada palabra y amenaza con convertir el encuentro en una suma de monólogos más que en un diálogo de Estado.
El propio Emiliano García-Page ya anticipaba la dificultad de abordar la maratoniana lista de temas.
Uno de los principales, por deseo del Gobierno, será la vivienda.
El presidente Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa: triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones de euros en cinco años.
El plan contempla que el Gobierno de España asuma el 60 % de la financiación y las comunidades el 40 % restante.
Propone blindar el parque público de vivienda, una iniciativa que pretende frenar el deterioro del acceso habitacional en todo el país.
La agenda de la Conferencia es, en sí misma, un reflejo del momento político: densa, cargada y con puntos de fricción. Además de la financiación autonómica, se hablará de educación infantil, formación profesional, universidades, energía, con especial atención al riesgo de apagones, sanidad, dependencia, la reforma del Poder Judicial, inmigración, fronteras, y okupación, entre otros.
Por primera vez, a propuesta del presidente de la Generalitat y del lehendakari, las intervenciones podrán realizarse en todas las lenguas cooficiales, con traducción simultánea, una medida que no ha sido bien recibida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También como novedad, se permitirá la presencia de un consejero autonómico por presidente y se aprobará un acta oficial de la reunión.
La jornada comenzará con los rituales protocolarios: el rey Felipe VI saludará a los asistentes, habrá foto de familia y un encuentro con los presidentes autonómicos. Tras su marcha, Sánchez y el president de la Generalitat harán una declaración institucional. A partir de las 10:30, las puertas se cerrarán y comenzarán las intervenciones, sin límite de tiempo para el presidente del Gobierno, pero con intervenciones tasadas para los presidentes autonómicos.
En la era Sánchez, este foro ha ganado peso. De las 22 conferencias celebradas bajo su mandato, 19 tuvieron lugar durante la pandemia, consolidando este formato como un instrumento crucial en momentos críticos. El reto ahora es que no se convierta en una sucesión de discursos sin consecuencias, sino en el germen de consensos que el país exige.
Antes de abrir la sesión, Sánchez quiso poner en valor el contexto actual del país con tres anuncios que, en sus palabras, “consolidan la idea de que España vive uno de sus mejores momentos en décadas”.
Queda por ver si esa visión optimista logra abrirse paso entre las trincheras del presente político.
