El nuevo impuesto regional del agua costará 4 millones de euros a los ciudadanos de Guadalajara en 2025

Guadalajara, 9 de abril de 2025

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impuesto un nuevo gravamen a los ciudadanos de Guadalajara, conocido como el canon medioambiental o canon DMA, que comenzará a reflejarse en las facturas del agua del primer trimestre de 2025, que llegarán a los hogares de la ciudad este mes de abril. Esta nueva carga fiscal, que costará 4 millones de euros anuales a los guadalajareños, ha sido anunciada por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Alfonso Esteban, y el concejal de Agua, Santiago López Pomeda.

Un impuesto impuesto por Castilla-La Mancha, no por el Ayuntamiento

El concejal Esteban ha sido tajante al aclarar que este impuesto no tiene ninguna relación con el Ayuntamiento de Guadalajara ni con la empresa concesionaria del servicio de agua.

De acuerdo con Esteban, “es una imposición directa del Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page”.

Esto significa que, aunque el impuesto se aplicará a través de las facturas del agua, los ciudadanos de Guadalajara no recibirán ningún beneficio directo a cambio, ya que ni el Gobierno regional suministra el agua a la ciudad ni se hace cargo de la depuración o de las infraestructuras hidráulicas locales.

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— Ayuntamiento de Guadalajara (@GuadalajaraAyto) April 9, 2025

Esteban ha criticado duramente el carácter de este gravamen, calificándolo como un “impuestazo” sin justificación medioambiental real. Además, ha desmentido las afirmaciones del Gobierno regional que aseguran que el impuesto responde a una directiva europea, recordando que, si fuera cierto, todas las comunidades autónomas habrían tenido que aplicarlo desde el año 2000.

“Lo que está ocurriendo es una imposición recaudatoria disfrazada de canon medioambiental“, aseguró.

Impacto económico para ciudadanos y comercios

Este nuevo gravamen no solo afectará a los hogares de Guadalajara, sino también a comercios, autónomos, empresas e incluso instituciones públicas. El concejal de Agua, Santiago López Pomeda, explicó cómo se reflejará el canon en las facturas: habrá una cuota fija, que dependerá del tipo de suministro y del diámetro del contador, y una cuota variable que se calculará en función del consumo de agua mensual. Este impuesto supone un incremento directo en el precio del agua.

El impacto será significativo en muchos sectores. Por ejemplo, una familia con un alto consumo de agua verá un aumento del 21% en su factura anual (unos 32 euros más). Los pequeños comercios, como las tiendas de alimentación, tendrán que asumir un aumento del 70% (86 euros anuales), mientras que algunas industrias de bajo consumo pagarán un 60% más (114 euros al año). En los casos más llamativos, como el de un colegio, la factura se incrementará en un 85% (4.000 euros anuales), mientras que en una industria de alto consumo, el aumento será del 50% (10.222 euros más anuales).

El sector hostelero también se verá afectado, con subidas cercanas a los 800 euros anuales, mientras que otros negocios, como lavanderías, pueden enfrentar incrementos de hasta 10.000 euros al año.

Una carga fiscal que agrava la competitividad regional

López Pomeda expresó su preocupación por el impacto que este impuesto tendrá en la competitividad de la región. Según él, “esta sangría fiscal asfixiará a los ciudadanos de Guadalajara y pondrá a la región en una clara desventaja competitiva frente a otras comunidades autónomas”, haciendo que las empresas locales enfrenten mayores costes operativos.

El Ayuntamiento de Guadalajara, además, ha incluido una nota informativa en el reverso de las facturas del agua para explicar el funcionamiento del canon medioambiental y cómo se reflejará en las facturas. A pesar de la implementación del impuesto, tanto Esteban como López Pomeda han reiterado su oposición a esta carga fiscal, pidiendo al Gobierno de Castilla-La Mancha que detenga esta medida.

El Ayuntamiento mantiene su postura de defensa de los ciudadanos

El concejal de Agua ha instado a los ciudadanos a expresar sus dudas o reclamaciones directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que este es el responsable de la implantación del impuesto.

En palabras de López Pomeda, “Nosotros como Ayuntamiento estamos con nuestros vecinos y nos opondremos a cualquier medida fiscal que suponga una carga injusta para la ciudad de Guadalajara”.