Hay una pregunta que llevo escuchando durante los últimos días en Molina de Aragón: “¿Es verdad que nos suben el IBI un 33%?”. La respuesta, desgraciadamente, es sencilla. Sí. El tipo impositivo para los bienes urbanos pasa del 0,60% al 0,80%. El resto de la ordenanza permanece prácticamente igual. No cambian las bonificaciones, no cambian las ayudas y tampoco cambia la gestión. Lo único que cambia es que miles de propietarios pagarán más.
Hay decisiones que trascienden un simple acuerdo municipal. La modificación definitiva de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Molina de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, es una de ellas. El texto apenas ocupa unas páginas, pero su consecuencia es muy clara: el Ayuntamiento eleva el tipo del IBI urbano del 0,60 % al 0,80 %. El IBI rústico permanece igual y tampoco cambian las bonificaciones existentes. Es decir, el único cambio relevante consiste en que los propietarios de inmuebles urbanos pagarán un 33 % más de tipo impositivo.
Los números ayudan a comprender la dimensión de la medida. Una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros pasaría, a igualdad de condiciones, de pagar alrededor de 600 euros de IBI a unos 800. Otra con un valor de 60.000 euros pasaría de 360 a 480 euros. Son 200 y 120 euros más, respectivamente. Puede parecer poco desde el despacho de una gran ciudad, pero en una comarca donde abundan los pensionistas, las rentas modestas y las viviendas heredadas, esa diferencia pesa.
¿Es este el camino para revitalizar la España vaciada?
Y es aquí donde aparece la verdadera pregunta. No si un Ayuntamiento puede subir un impuesto —porque puede hacerlo—, sino si esta es la señal que debe enviar un territorio que lleva décadas luchando contra la despoblación.
Resulta paradójico que mientras todas las administraciones hablan de convertir la España vaciada en una prioridad nacional, la realidad cotidiana siga trasladando el mensaje contrario. Se anuncian estrategias para atraer población, se habla de oportunidades en el medio rural y de reequilibrio territorial, pero cuando llega el momento de adoptar decisiones concretas, quienes permanecen en los pueblos vuelven a encontrarse con una mayor presión fiscal.
No se trata de demonizar los impuestos. Los servicios públicos se financian con ellos. La cuestión es otra: cuando se pide un esfuerzo adicional a los vecinos, la administración tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia por qué es necesario, cuánto se espera recaudar y qué mejoras concretas recibirán los ciudadanos a cambio.
Porque el problema de la España vaciada nunca ha sido únicamente demográfico. También es una cuestión de confianza. Cada familia que decide quedarse, cada autónomo que mantiene abierto su negocio y cada joven que apuesta por desarrollar su proyecto de vida en un pueblo necesita sentir que las instituciones juegan a favor, no que sobrevivir en el medio rural resulta cada vez más caro.
Quizá el debate no sea el IBI. El IBI es solo el síntoma.
La cuestión de fondo es mucho más incómoda: ¿queremos de verdad que nuestros pueblos tengan futuro o seguimos gobernándolos como si perder habitantes fuera un fenómeno inevitable?
Las palabras llenan congresos. Las ordenanzas fiscales cambian la vida de la gente.
Y entonces surge otra pregunta todavía más importante: ¿es este el camino para revitalizar la España vaciada?
Llevamos años escuchando discursos sobre la necesidad de fijar población, atraer familias, facilitar la llegada de emprendedores y convertir el medio rural en una oportunidad de futuro. Se celebran congresos, se anuncian estrategias, se redactan planes contra la despoblación y se habla de discriminación positiva para los municipios que llevan décadas perdiendo habitantes.
Pero cuando llega el momento de tomar decisiones concretas, demasiadas veces sucede justo lo contrario.
Subir el IBI puede ser legal. Puede incluso estar justificado si las cuentas municipales lo exigen. Lo que no puede hacerse es presentar una subida de esta magnitud sin explicar con claridad por qué resulta imprescindible y qué van a recibir los vecinos a cambio.
Gobernar no consiste únicamente en cuadrar un presupuesto. También implica generar confianza.
Porque el IBI no es un impuesto cualquiera. Es probablemente el tributo municipal que más afecta al ciudadano. Lo paga el jubilado que ha vivido toda su vida en el pueblo. Lo paga la familia que intenta mantener abierta su vivienda. Lo paga el pequeño comerciante propietario de su local. Lo paga quien decidió quedarse cuando otros tuvieron que marcharse.
Y eso tiene una enorme carga simbólica.
En municipios como Molina de Aragón cada vecino cuenta. Cada vivienda abierta es una pequeña victoria frente a la despoblación. Cada negocio que permanece activo ayuda a sostener la vida económica y social. Por eso cualquier incremento de la presión fiscal debería ir acompañado de una explicación transparente y de un compromiso claro sobre el destino de esos recursos.
La cuestión no es únicamente cuánto se recauda. La cuestión es para qué.
Si ese dinero sirve para mejorar servicios, atraer empresas, rehabilitar viviendas, facilitar el acceso de jóvenes o impulsar proyectos capaces de generar empleo, los ciudadanos podrán valorar si el esfuerzo merece la pena.
Pero si la única explicación es que hace falta ingresar más dinero, el mensaje que reciben quienes todavía viven en nuestros pueblos resulta preocupante.
La España vaciada no necesita convertirse en el territorio donde resulta más caro resistir.
Necesita justamente lo contrario.
Necesita administraciones que entiendan que competir con las ciudades exige ofrecer incentivos, no obstáculos. Que vivir en un municipio pequeño ya implica asumir menos servicios, mayores desplazamientos y menos oportunidades laborales. Añadir una mayor carga fiscal sin una estrategia de desarrollo difícilmente ayudará a cambiar esa realidad.
Durante años se ha repetido que el futuro de España pasa por recuperar el mundo rural. Es una frase bonita. El problema es que las frases no fijan población.
Las decisiones sí.
Cada impuesto, cada inversión, cada servicio que se mantiene o desaparece envía un mensaje. Y el mensaje que reciben hoy muchos vecinos es que siguen siendo quienes sostienen las cuentas públicas mientras esperan unas oportunidades que nunca terminan de llegar.
Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos qué significa la España vaciada y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo realmente para que deje de estar vacía.
Porque nadie se instala donde cada año cuesta un poco más vivir.
Y nadie salva un territorio convirtiendo a quienes permanecen en él en la solución permanente de todos los problemas presupuestarios.
