Loranca de Tajuña se moviliza contra la posible reapertura de una mina a cielo abierto y exige transparencia al Ayuntamiento

Loranca de Tajuña volverá a salir a la calle este sábado ante la posible reactivación de una mina a cielo abierto en su entorno inmediato. La concentración, convocada para el 28 de febrero a las 11.00 horas frente al Ayuntamiento, está impulsada por la Asociación de Vecinos de Loranca de Tajuña y la Agrupación de Vecinos Las Cadenas.

Bajo el lema “LORANCA Y SU ENTORNO EN PELIGRO: NO A LA MINA A CIELO ABIERTO” y la consigna “Por el derecho a respirar aire puro y a beber nuestra agua. ¡Sí a Loranca, NO a la mina!”, los residentes quieren visibilizar su rechazo a un proyecto cuya tramitación administrativa ha incrementado la preocupación en el municipio.

Crece la inquietud por la explotación minera

En las últimas semanas, la inquietud vecinal ha ido en aumento ante la posible reapertura de la cantera. Los convocantes temen que la explotación minera implique voladuras frecuentes, tránsito constante de camiones y un elevado consumo de recursos hídricos, lo que —según sostienen— alteraría de forma permanente la vida cotidiana y el equilibrio natural del entorno.

A través de un cartel informativo difundido en el municipio, detallan los principales riesgos que, a su juicio, conllevaría la actividad extractiva.

Salud y calidad del aire

Uno de los ejes de la protesta es el impacto sobre la salud. El colectivo alerta de que las voladuras generarían nubes de polvo mineral en suspensión que podrían extenderse por Loranca, urbanizaciones y pueblos cercanos. Especial preocupación muestran por las personas con patologías respiratorias, ante la posibilidad de que la calidad del aire se vea comprometida.

Protección del acuífero del Páramo de la Alcarria

El agua es otro de los puntos clave. Según denuncian, la mina consumiría recursos del acuífero del Páramo de la Alcarria, el mismo que abastece manantiales destinados al consumo humano. Los vecinos temen que el uso intensivo del acuífero pueda afectar al suministro de agua potable y a los recursos hídricos de la zona.

Tráfico pesado y seguridad vial

La asociación calcula que podrían circular hasta 20.000 camiones de gran tonelaje al año por la ruta Pozo-Pioz-Loranca. Consideran que estas carreteras no están preparadas para soportar ese volumen de tráfico, lo que podría traducirse en atascos, aumento del ruido, deterioro del firme y mayor riesgo de accidentes.

Impacto ambiental y ZEPA

El colectivo advierte de un posible desastre ecológico, con afección directa a cultivos, flora y fauna. También recuerdan la proximidad de una ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y del hábitat del águila imperial, lo que, en su opinión, incrementa la sensibilidad ambiental del entorno.

Posibles daños estructurales en viviendas

En el plano urbanístico, los vecinos temen que las vibraciones derivadas del barrenado y el vaciado del acuífero provoquen movimientos del terreno —contracciones y expansiones— que puedan generar grietas y desperfectos en las viviendas, con la consiguiente pérdida de valor de las propiedades.

Solicitud formal de información pública

Además de la movilización ciudadana, la Asociación de Vecinos de Loranca de Tajuña ha dado un paso más en el plano institucional. Según ha informado el colectivo, el 18 de febrero de 2026 registró oficialmente una solicitud de información pública ante el Ayuntamiento, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en relación con el expediente de la cantera “PRIMARAL-FRACCIÓN I” (PRO-GU-24-0762).

En su escrito, la asociación solicita:

• La documentación relativa a reuniones, encuentros o comunicaciones oficiales entre representantes municipales y la empresa promotora durante 2024 y años posteriores, detallando fechas, participantes y asuntos tratados.

• Los registros oficiales de llamadas, correos electrónicos o cualquier comunicación formal vinculada a la solicitud de licencia de explotación.

• Las agendas, actas o informes que documenten contactos oficiales relacionados directa o indirectamente con la tramitación del expediente.

“El objetivo es que los vecinos conozcan qué contactos se han producido, cuándo y en qué términos”, señalan desde la asociación, que insiste en que un proyecto con posible impacto en el entorno debe gestionarse con claridad, rigor y total transparencia.

La normativa establece un plazo máximo de un mes para responder a la solicitud. Mientras tanto, el movimiento vecinal mantiene su convocatoria para este sábado, en una jornada que busca evidenciar el rechazo social a la cantera y reforzar la exigencia de transparencia en todo el proceso.