La futura Ley de Atención al Cliente busca mayor transparencia en precios, control sobre reseñas y medidas contra llamadas comerciales no deseadas.
Las empresas deberán mostrar el precio final desde el inicio: adiós a los gastos de gestión ocultos
La ponencia del Proyecto de Ley de Atención al Cliente ha aprobado una enmienda que obligará a las empresas a mostrar desde el primer momento el precio total de los productos y servicios, incluyendo los conocidos “gastos de gestión”. Esta medida pretende poner fin a una práctica que muchos consumidores han denunciado: encontrar cargos adicionales justo antes de formalizar la compra.
Con esta normativa, las compañías deberán informar del precio final completo, incluyendo impuestos, recargos, descuentos aplicables y cualquier gasto extra que pueda afectar al consumidor. En los casos en los que no sea posible fijar un importe exacto, se exigirá que las empresas expliquen cómo calculan los precios para que los clientes puedan verificarlos de manera sencilla.
Protección frente a reseñas engañosas
La enmienda también introduce medidas para garantizar la veracidad de las reseñas en plataformas y comercios digitales. Se permitirá a los empresarios solicitar la eliminación de opiniones que no sean reales, siempre que puedan demostrar que el consumidor no ha adquirido el producto o que el contenido es incorrecto o falso.
Además, se establecerá un plazo máximo de 30 días desde la compra o el disfrute del servicio para publicar reseñas, asegurando que las valoraciones reflejen experiencias recientes y auténticas. Las empresas podrán ofrecer una respuesta a los comentarios publicados, aportando información adicional para que otros consumidores tengan una visión más completa y precisa.
Próximas medidas contra las llamadas comerciales no deseadas
En la reunión prevista para el 21 de octubre, la ponencia abordará una nueva regulación para frenar las llamadas comerciales no consentidas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto que las compañías telefónicas bloqueen este tipo de llamadas y que los números comerciales se identifiquen mediante un prefijo específico, distinto al utilizado para la atención al cliente.
Antes de esa fecha, el 16 de octubre, asociaciones de consumidores participarán en comparecencias para aportar sugerencias y resolver dudas sobre la aplicación de la norma.
Excepciones y atención en lenguas cooficiales
La ley contempla excepciones para cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que presten servicios básicos de interés general y tengan menos de 250 trabajadores. Sin embargo, las grandes empresas y aquellas que facturen más de 50 millones de euros anuales deberán garantizar que su personal pueda atender a los clientes en las lenguas cooficiales.
Los sectores incluidos en esta obligación son: energía, suministro de agua y gas, telecomunicaciones, transporte terrestre y aéreo, servicios postales, plataformas de contenido audiovisual, banca, seguros y otros servicios públicos. Las empresas deberán capacitar a sus trabajadores para que respondan correctamente tanto de manera escrita como verbal, según la lengua elegida por el cliente.
Impacto para consumidores y empresas
Con estas medidas, los consumidores podrán conocer el precio real de los productos y servicios desde el inicio, lo que facilita la comparación y evita sorpresas en el momento de pagar. Al mismo tiempo, las empresas verán regulado el uso de reseñas y llamadas comerciales, lo que aportará más seguridad jurídica y confianza en el mercado.
Esta nueva regulación representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y protección del consumidor en España, y marca un precedente para futuras leyes de control y calidad en la atención al cliente.
