Desde hace años, escuchamos a nuestros políticos y grandes empresas proclamar su amor incondicional por el mundo rural y la España vaciada. Nos hablan de la importancia de revitalizar estos territorios, de la necesidad de invertir en infraestructuras y de garantizar oportunidades para sus habitantes. Sin embargo, la realidad que enfrentan los municipios enclavados en el Parque Natural del Alto Tajo y el Geoparque Mundial de la UNESCO Molina-Alto Tajo, refleja un panorama desolador, donde las promesas se evaporan al mismo ritmo que las subvenciones se agotan. Pero no me quiero repetir.
Vuelve a saltar a la palestra, el cese y desmantelamiento de una empresa “verde”; que tras años trabajando con el agua del Tajo, ya no quiere seguir con la concesión. Es el caso de las presas hidroeléctricas de El Molino de Arriba en Peralejos de las Truchas, la presa del Hoz Seca o Navarejos entre Checa y Peralejos de las Truchas, y la barrera artificial de La Rocha, en los términos de Zaorejas y Villar de Cobeta. La empresa concesionaria, ENEL Green Power España S.L., ha recurrido las resoluciones de extinción de derechos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), negándose a desmantelar estas infraestructuras como estipula la legislación.
El modus operandi de estas empresas es ya conocido: trincan la subvención, explotan el recurso (si es que llegan a explotarlo) mientras es rentable y, cuando se acaba la concesión o las ayudas públicas, se van sin mirar atrás. El Alto Tajo no es una excepción. Las empresas llegan con promesas de desarrollo y progreso, pero en cuanto los beneficios se evaporan, abandonan las infraestructuras y a las comunidades que confiaron en ellas. Este modelo de negocio cortoplacista no solo es insostenible, sino que deja un rastro de desolación y abandono.
Los municipios afectados, lejos de ser meros espectadores, se niegan a permitir que se desmantelen infraestructuras que consideran parte de su patrimonio cultural y un recurso turístico esencial. Estas presas han configurado el paisaje y creado ecosistemas propios, pasando a formar parte de la identidad de sus gentes. Sin embargo, la CHT es inflexible: la legislación exige el desmantelamiento y la restitución del cauce a su estado natural.
La postura de la CHT, aunque legalmente justificada, ignora la complejidad del problema. No se trata solo de seguir el manual, sino de entender y respetar la historia y las necesidades de las comunidades locales. La única alternativa que la ley permite es que las infraestructuras reviertan al Estado o que se solicite una nueva concesión que justifique su necesidad. Pero, ¿qué pasa con la participación de los territorios en estas decisiones? ¿Dónde queda el compromiso real con el medio ambiente y con las personas que habitan estas tierras?
Y pienso en alto… ¿Por qué no puede pasar el derecho de explotación al propio municipio? Este, tras un proyecto serio de viabilidad funcional y medioambiental, apoyándose en fondos europeos en pro de las energías renovables, podría explotar la mini-hidroeléctrica, que es una fuente de “energía 100% renovable”, contrarrestando la huella de carbono generada y compensando el CO2 producido por la propia población. ¿Sería una manera de autofinanciamiento? ¿Sería una manera de luchar contra el cambio climático? ¿Sería aprovechar los recursos locales? No estamos hablando de hacer diques o presas nuevas, sino de aprovechar lo que funciona desde hace más de 100 años. Algunas de las explotaciones mini-hidroeléctricas, como la que se encuentra entre los municipios de Peralejos de las Truchas y Checa, se remontan al año 1908, cuando se produjo la primera concesión de explotación a terceros. Rechina que no se estudie la continuidad y cesión a los propios municipios de estos proyectos que ahorran toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Aquí no estamos hablando de macroplantas ni de contaminar el entorno, ¿verdad? ¿Es por el cambio climático? ¿Por la libélula azul o el petirrojo cojo? Sin ánimo de ofender, sigamos.
Las empresas como ENEL Green Power España S.L. están más interesadas en los beneficios a corto plazo que en un compromiso genuino con el desarrollo sostenible del mundo rural. Reciben subvenciones, explotan los recursos y, cuando los márgenes de beneficio disminuyen, se retiran sin asumir responsabilidades. Este patrón no solo desmiente su supuesto amor por el mundo rural, sino que evidencia una explotación cínica y calculada.
El 24 de febrero de 2024 salió a la luz el expediente que decreta la extinción del derecho de aprovechamiento de las instalaciones del Salto de Poveda, ubicadas en los términos municipales de Poveda de la Sierra y Taravilla. Actualmente, Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U. es el titular de estas instalaciones, cuya central nunca llegó a ponerse en funcionamiento. Sin embargo, las Casas del Salto, que forman parte de estas instalaciones, han sido reconvertidas en un negocio de turismo rural, atrayendo a visitantes y dinamizando la economía local.
La cascada de la presa, uno de los emblemas paisajísticos del Parque Natural, simboliza el conflicto entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental. El proceso de extinción de derechos y el posible desmantelamiento de la central hidroeléctrica representan una nueva amenaza para la continuidad de este proyecto turístico, que ha aportado valor y atractivo a la región. Este caso ilustra nuevamente cómo las decisiones administrativas y la falta de compromiso a largo plazo por parte de las grandes empresas pueden poner en riesgo no solo el patrimonio natural, sino también las iniciativas locales que intentan revitalizar la España vacía(da). ¿Alguien se acuerda de artículos anteriores? No es que yo sea un visionario, ni mucho menos, pero en la España rural no debe valer todo, recordemos que estamos hablando de un Geoparque Mundial de la Unesco.
La situación en el Alto Tajo debería ser una llamada de atención para todos. Necesitamos un enfoque que priorice la participación local y respete la identidad y los deseos de las comunidades rurales. Las soluciones deben ir más allá de lo que dicta la legislación vigente y considerar alternativas que equilibren la conservación ambiental con el desarrollo sostenible y el respeto por el patrimonio cultural. ¿Por qué la decisión se toma en los despachos de las grandes urbes, sin previamente hablar con las localidades afectadas? Debemos de hacer participes a los pueblos, es más, deberían de ser los que tomasen las soluciones ayudados y respaldados lógicamente por todos los vecinos y partidos políticos, se debe dejar atrás el interés individualista que aflora en nuestro día a día.
¿Por qué no va García Page a echarse la foto a todos estos pueblos y luchar realmente por el interés de la España rural de al que tanto habla para hacer una “reflexión” como hizo en Albalate de Zorita sobre el trasvase? ¿No es un tema tan importante y candente como ese?
Utilizan a la España vacía(da) como un recurso temporal, explotando sus tierras y recursos mientras les resulta rentable, para luego abandonarlas sin asumir ninguna responsabilidad. Las políticas y las leyes deben reflejar un compromiso auténtico con el desarrollo sostenible, priorizando la participación local y respetando el patrimonio cultural y natural de estas comunidades. Solo así podremos revertir el ciclo de abandono y ofrecer a la España rural el futuro próspero y digno que merece. Deben devolver a estas comunidades lo que realmente se les ha prometido: un compromiso genuino y duradero con su desarrollo y bienestar.
Hoy informamos, mañana transformamos: ¡Nos vemos en el próximo artículo!
