APAG ha pedido a la alcaldesa de Guadalajara la aprobación de una moratoria en la concesión de licencias para parques fotovoltaicos en el término de Guadalajara, incluyendo sus pedanías y enclavados.
APAG pide al Ayuntamiento de Guadalajara una moratoria para las fotovoltaicas hasta regular su uso.
La planta fotovoltaica de Solaria en Usanos ocupará más de 500 hectáreas de tierra arable en uno de los suelos más fértiles de Guadalajara y área de aves esteparias.
Guadalajara, a 3 de julio de 2024
Esta mañana se ha celebrado una reunión solicitada por APAG a la que han asistido el presidente y la vicepresidenta de la Asociación, Juan José Laso y Cruz González, junto con la técnica ambiental, Eva Mateo, y varios agricultores afectados por el megaparque que Solaria va a instalar en el pueblo de Usanos, pedanía de la capital.
El proyecto Oliva-Solar afecta a más de 500 hectáreas (has.) de tierra arable en esta localidad, y si sumamos las hectáreas de mitigación, supera las 1600 has. de terreno.
Se ubica en un área que fue propuesta por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para ser declarada ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y a escasos 500 metros del pueblo – junto al campo de fútbol y el nuevo centro social -, lo que causará además un impacto paisajístico enorme.
El proyecto se ha troceado en cinco partes: Oliva Solar I, II, III, IV y V para que cada parque no supere los 100 Megavatios, y facilitar su tramitación y permisos -, pero juntos suman 175 MW. Además, Solaria ha conseguido del MITECO la declaración de Utilidad Pública, de manera que aquellos agricultores que quieren seguir cultivando sus tierras y han decidido no firmar contratos con la eléctrica, serán expropiados en virtud de esta utilidad pública. Esto resulta incomprensible e intolerable para APAG ya que estos profesionales están siendo expulsados de su actividad, con una competencia desleal como la que ejercen las empresas promotoras de las fotovoltaicas.
Los afectados se quejan de que esta declaración no se ha informado en el Ayuntamiento de Usanos y de que durante la tramitación no han sido notificados y no han podido presentar alegaciones al Informe de Impacto Ambiental, por ejemplo. Ahora ven cómo Solaria pretende que las líneas de evacuación atraviesen sus parcelas y las dejen inservibles para su actividad.
La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada del concejal delegado de urbanismo, Alfonso Esteban, y del jefe de Servicio de Urbanismo César Gismero, han escuchado las peticiones de APAG, compartiendo la preocupación de los afectados y de la Organización Agraria, máxime cuando se trata de unas de las tierras más fértiles de la Campiña.
La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en una regulación ordenada de los distintos usos del suelo rústico municipal, analizando dicho suelo, para ordenarlo y protegerlo con arreglo a las determinaciones del Plan de Infraestructura Verde. Este plan será fundamental para establecer el suelo rústico que se puede desarrollar en la ciudad, tanto en el ámbito industrial como en el residencial.
Con respecto al proyecto en cuestión que afecta a Usanos, ha señalado que se trata de un proyecto muy avanzado, que comenzó a gestarse en el año 2020, y con respecto a la actuación de la Corporación Municipal ha destacado que el pronunciamiento que corresponde es si el proyecto es o no conforme con la ordenación urbanística. El resto de los trámites y autorizaciones le corresponden, bien a la Junta de Comunidades de Castilla, bien al Ministerio, salvo la licencia de obra, que es un acto reglado, y la posterior de actividad, comprometiéndose a estudiarlas en profundidad tanto a nivel técnico como jurídico.
Los representantes municipales se han comprometido a estudiar muy a fondo la solicitud de licencia a nivel técnico y jurídico, para ver si cumple con todo y estudiar también las consecuencias. Los agricultores afectados han informado que a día de hoy han presentado un recurso de alzada contra la declaración de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción del parque solar y sus infraestructuras de evacuación.
APAG lleva tres años pidiendo una regulación normativa en Castilla-La Mancha para las fotovoltaicas. El Gobierno regional, sin embargo, ha apostado fuertemente por estas energías y, en lugar de regular y sopesar la enorme afectación a otras actividades, lleva a gala ser la región española con mayor potencia instalada de renovables. Otras comunidades autónomas y ayuntamientos han comenzado a limitar estas plantas en sus territorios, protegiendo suelos de alto valor agrícola, regadíos, zonas de Denominación de Origen, etc. Es el caso de Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, o los ayuntamientos de Elche y Zaragoza.
Según el informe publicado esta semana por el Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha y Extremadura presentan el mayor desarrollo fotovoltaico, con 11,460 y 11,340 hectáreas respectivamente, lo que representa el 48 % de la superficie total de parques fotovoltaicos en España. A nivel nacional, estas instalaciones energéticas ocupan en España una superficie equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil, lo que equivale a unas 50,000 hectáreas. Solo en la comarca de la Campiña, este porcentaje se eleva al 0,47 %, y una superficie de 8,000 hectáreas de terrenos, tanto en secano como en regadío, contando todos los proyectos solicitados.
En la provincia de Guadalajara hay 152 proyectos presentados, de los que 119 están ejecutados o en vías de ejecución en distintas fases y 34 han sido denegados. Desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2024, la potencia instalada en nuestra provincia ha aumentado un 981 %, alcanzando los 6,303.55 MW.
