Familias de #CastillaLaMancha exigen regular el uso de pantallas en las aulas para priorizar la salud infantil. ¡Es hora de proteger a nuestros niños de los riesgos de la digitalización excesiva! 
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Familias se unen para regular el uso de pantallas también en las aulas de Castilla-La Mancha
Tras la reciente noticia de la Comunidad de Madrid, que el pasado 19 de marzo de 2025 anunció la eliminación del uso individual de tabletas y portátiles en todos los colegios públicos y concertados de su región, a la que se sumaron al menos otras seis autonomías (Valencia, Cataluña, Galicia, Murcia, Asturias y Baleares), anunciando que regularán el uso de las pantallas en las aulas, representantes de Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios de Guadalajara, así como agrupaciones de padres y madres de varios centros de esta provincia, se han organizado para reclamar a la Junta de Castilla-La Mancha (JCCM) la adopción de medidas similares.
Su objetivo es eliminar los dispositivos de uso individual, respetar los tiempos de uso por edad recomendados y priorizar la salud de los niños a partir del próximo curso 2025-2026 en las aulas de la región, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y de numerosos colegios médicos, como el de oftalmología pediátrica.
El movimiento ya cuenta con la participación de familias del CEIP Jocelyn Bell de Yebes, CEIP San Roque de Horche, CEIP San Blas de Cabanillas del Campo, CEIP Los Olivos de Cabanillas del Campo, CEIP La Paloma de Azuqueca de Henares, CEIP Siglo XXI de Azuqueca de Henares, CEIP José Inglés de Chiloeches, CEIP Parque Vallejo de Alovera, CEIP San Bernabé de Trijueque, CEIP Badiel, Colegio San José Salesianos y el Colegio Santa Ana.
Además de las recomendaciones de los pediatras españoles, las familias argumentan que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) concluyó en 2024 que Google Workspace for Education, una de las plataformas tecnológicas para la educación más extendidas, no es recomendable. Asimismo, este organismo advierte que la utilización de dispositivos digitales con fines educativos, cuando son propiedad del alumnado y sus familias, puede generar tratamientos de datos que afecten gravemente a sus derechos y libertades. En particular, menciona el derecho a la no discriminación, a la educación, a la vida privada y familiar, a la integridad física y psíquica del menor, y a la protección de sus datos personales, además de su desarrollo integral como personas.
Por ello, la Agencia desaconseja el uso de dispositivos digitales individuales en los centros educativos si el objetivo pedagógico puede lograrse con otro recurso más adecuado.
Como agravante, en muchas ocasiones los dispositivos se dañan y, al ser propiedad de las familias, deben asumir cuantiosos gastos para su reparación o reposición.
Las familias ya cuentan con años de experiencia en contra
Si bien dentro del colegio los niños deben acceder a redes cerradas, en muchas ocasiones logran conectarse a redes abiertas del centro o compartir datos desde otro dispositivo, facilitando el acceso libre a internet para toda la clase. Esto les permite acceder a contenido inapropiado, como juegos e, incluso, en el peor de los casos, material pornográfico.
Las familias también sostienen que muchos niños se distraen con notificaciones, tienen dificultades para concentrarse en el formato digital o se pierden en distracciones que no tendrían con los libros en papel.
En cuanto al mal uso de los dispositivos, una madre que prefiere permanecer en el anonimato explica su experiencia:
“Algunas familias nos hemos dado cuenta de que los menores han accedido a un chat, creado por ellos mismos dentro del programa proporcionado por el colegio, y han surgido situaciones en las que algunos participantes presionaban a otros para participar, llegando incluso a los insultos. Cuando informamos al colegio, se procedió a cerrar el chat, pero nos reconocieron que no tenían constancia de que se pudieran crear este tipo de chats. Este hecho ocurrió en el actual curso escolar 2024-2025. De no haber sido descubierto por los propios padres, se podría haber llegado a situaciones de acoso escolar, ya que no contaba con la supervisión de ningún adulto.”
Otra madre hace hincapié en lo contradictorio que resulta mantener los libros digitales si se quiere preservar la salud de los niños:
“Con los libros digitales, si se quieren cumplir las recomendaciones de la AEP sobre las horas de exposición a pantallas —que de 6 a 12 años es de una hora al día—, nos encontramos con situaciones absurdas. No se puede utilizar el material curricular en el propio colegio cuando, la mayoría de los días, las asignaturas troncales ocupan tres o cuatro horas. Para solventarlo, los maestros sustituyen el libro digital por una pizarra digital, que sigue siendo otra pantalla.”
Adicionalmente, las familias reclaman que la medida también se implemente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), etapa en la que algunos centros inician la digitalización y que ha sido omitida en el decreto de la Comunidad de Madrid.
Contra la imposición, unión en el reclamo
Asimismo, familias de varios de los colegios mencionados al inicio de esta nota están recurriendo al Decreto 268/2004 de 26 de octubre de 2024 sobre Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y sus Federaciones y Confederaciones en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias, para solicitar la representación de su AMPA en esta petición.
Desde esta agrupación también se ha lanzado una campaña en Change.org para eliminar el uso individual de dispositivos digitales en las aulas en general: https://www.change.org/p/eliminemos-el-uso-individual-de-dispositivos-digitales-en-las-aulas y una petición específica para Castilla-La Mancha: https://chng.it/NzdNqCF5Qd.
Las madres y padres de la agrupación invitan a interesados de otros colegios de Guadalajara y del resto de Castilla-La Mancha a unirse a la iniciativa escribiendo al siguiente correo: pantallascolesguadalajara@gmail.com.
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Familias de Castilla-La Mancha exigen regular el uso de pantallas en las aulas, siguiendo las recomendaciones de pediatras y la Agencia de Protección de Datos. Buscan proteger la salud infantil, limitar el tiempo de exposición y evitar riesgos digitales.
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