El Tribunal Supremo pone el foco en el abuso de la temporalidad en la función pública, según denuncia CSIF
El reciente fallo del Tribunal Supremo vuelve a situar en el centro del debate el problema estructural de la temporalidad en el empleo público en España. Así lo ha señalado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, que advierte de que la situación sigue muy lejos de los objetivos marcados por la ley.
Según los datos manejados por el sindicato, la tasa de temporalidad en el sector público continúa estancada en torno al 35,5%, una cifra que en el caso de Castilla-La Mancha preocupa especialmente, ya que supera la media nacional y triplica el objetivo legal del 8%.
Más de 125.000 personas en situación de abuso de temporalidad
CSIF estima que en España al menos 125.000 trabajadores públicos siguen en situación de abuso de temporalidad, ya que una parte significativa de las plazas incluidas en los procesos de estabilización aún no han sido cubiertas. En concreto, alrededor del 23% de esas plazas permanece sin adjudicar.
El sindicato subraya que esta situación consolida una precariedad estructural dentro del sistema público, afectando tanto a la estabilidad de los trabajadores como al funcionamiento de los servicios.
El fallo judicial y el principio de igualdad en el acceso al empleo público
Aunque CSIF ha señalado que no puede valorar en profundidad el contenido del fallo del Tribunal Supremo hasta conocerlo en detalle, sí apunta que lo conocido hasta ahora coincide con su diagnóstico sobre el problema de la temporalidad en la administración.
La resolución recuerda que el acceso a la función pública debe regirse por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo que implica la necesidad de superar procesos selectivos para ocupar plazas estructurales.
CSIF exige sanciones ejemplares ante el incumplimiento
Desde el sindicato insisten en la necesidad de avanzar hacia un cambio normativo que incluya sanciones ejemplares para aquellas administraciones que mantengan situaciones de abuso de contratación temporal.
CSIF reclama que estas medidas sean “claras, concretas y aplicables” y que no se limiten a responsabilidades administrativas genéricas, sino que recaigan sobre los máximos responsables de las administraciones incumplidoras.
Una problemática que sigue sin resolverse
El sindicato advierte de que la persistencia de la temporalidad en el empleo público evidencia un problema estructural que requiere decisiones firmes y una aplicación efectiva de la normativa vigente, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, donde los niveles siguen por encima de la media.
Mientras tanto, el debate jurídico y político continúa abierto tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que vuelve a poner el foco en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral en el sector público sin vulnerar los principios de acceso en condiciones de igualdad.
