El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido iniciar la vía judicial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante lo que considera una falta de actuación en la revisión de las reglas del trasvase Tajo-Segura, una situación que, según el Ejecutivo regional, está provocando daños ambientales en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado tras el Consejo de Gobierno de la autorización para interponer un recurso contencioso-administrativo por la inactividad del Ministerio en la aplicación de las medidas previstas en el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027. Desde la Junta consideran que el incumplimiento del Real Decreto 35/2023 está impidiendo garantizar los caudales ecológicos del río Tajo, con consecuencias directas sobre el ecosistema del tramo medio del río.
Según ha explicado Gómez, la ausencia de actualización de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura mantiene un modelo que “favorece un desequilibrio ambiental estructural”, con efectos visibles como la pérdida de bosques de ribera, la alteración de la dinámica fluvial y el deterioro de hábitats prioritarios protegidos por la normativa europea. La consejera ha insistido en que aplicar al menos los caudales fijados por la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 resulta “imprescindible para detener este deterioro ambiental”.
Desde el Ejecutivo autonómico también se subraya que, pese a las críticas recibidas, se han intentado vías de diálogo. Gómez ha señalado que el presidente regional lleva más de seis meses esperando una reunión con la ministra Sara Aagesen, mientras que ella misma asegura haber solicitado un encuentro durante más de un año sin respuesta.
Los datos aportados por la Consejería indican que el incumplimiento de los caudales ecológicos mínimos ha afectado a varias masas de agua del tramo medio del río Tajo. Entre octubre y diciembre de 2025 se registraron caudales de 6,39 m³/s y 5,68 m³/s en puntos como Aranjuez, por debajo del mínimo establecido de 7,9 m³/s, lo que evidencia, según la Junta, un modelo de gestión “no sostenible”.
El Gobierno regional sostiene que esta situación está afectando a espacios de la Red Natura 2000 situados entre los embalses de Bolarque y Azután, donde se ha detectado un deterioro significativo de ecosistemas asociados al Tajo. Entre las zonas señaladas se encuentran Sierra de Altomira, Yesares del Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, así como las Barrancas de Talavera. Todos ellos dependen directamente del caudal y la calidad del agua del río.
Además, la Consejería de Desarrollo Sostenible advierte de que la falta de caudal está transformando el ecosistema fluvial, con invasión de carrizales, desaparición de saucedas y retroceso del bosque de ribera, lo que compromete la biodiversidad y el equilibrio ecológico del Tajo.
En términos hídricos, la Junta calcula que la aplicación de las nuevas reglas de explotación permitiría reducir las derivaciones en torno a un 40 por ciento en 2027. Esto supondría un ahorro de 127 hectómetros cúbicos destinados a reforzar las reservas y mejorar el estado de las masas de agua vinculadas a la Red Natura 2000.
El Ejecutivo autonómico recuerda además que, en los 47 años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, se han transferido más de 15.148 hectómetros cúbicos, una cifra que consideran determinante para entender el impacto acumulado sobre el río Tajo y su entorno natural.
Con esta decisión, el Gobierno de Castilla-La Mancha abre una nueva fase judicial con el objetivo de exigir el cumplimiento de los caudales ecológicos y garantizar la protección ambiental del Tajo, un asunto que vuelve a situarse en el centro del debate sobre la gestión del agua en España.
