Castilla-La Mancha impulsa una ley para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y reducir la burocracia administrativa
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que busca facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, reforzar la eficiencia de la Administración autonómica y avanzar en el cumplimiento de los compromisos sociales del Ejecutivo regional. La norma será remitida en los próximos días a las Cortes regionales para iniciar su tramitación parlamentaria.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado el contenido del proyecto tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes en Toledo, subrayando que se trata de la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2026.
Incentivos fiscales para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda
Uno de los ejes principales del proyecto se centra en mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes, una de las principales preocupaciones actuales. Entre las medidas más destacadas figura la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del cinco al tres por ciento en la compra de la primera vivienda habitual por parte de contribuyentes menores de 36 años, lo que supone una rebaja del 40 %.
A esta medida se suma la reducción del 50 % en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, también dirigida a este colectivo y en las mismas condiciones, lo que permitirá aliviar los costes iniciales asociados a la compra de vivienda.
Nuevas deducciones en el IRPF y apoyo al ahorro previo
En el ámbito del IRPF, el proyecto incorpora una nueva deducción del 15 % por las aportaciones realizadas a cuentas bancarias destinadas a la compra de vivienda, con un límite máximo de 3.000 euros de deducción, lo que equivale a una aportación de hasta 20.000 euros. El objetivo es fomentar el ahorro previo y facilitar que los jóvenes dispongan de recursos suficientes para afrontar la adquisición.
Además, se amplía la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que aumenta su límite máximo de 450 a 500 euros, y extiende su aplicación no solo a jóvenes, sino también a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.
Para favorecer el acceso a estas deducciones, el valor máximo de la vivienda se incrementa de 180.000 a 240.000 euros, ampliando así el número de beneficiarios potenciales.
Préstamos a tipo cero y reducción de cargas iniciales
Las medidas fiscales se completan con modificaciones en materia de vivienda que permitirán a la Junta conceder préstamos a tipo cero para cubrir la parte del precio no financiada por los bancos. Según Ruiz Molina, el objetivo global es claro: reducir los impuestos, financiar a coste cero lo que no cubren las entidades financieras y facilitar que los jóvenes puedan afrontar los gastos asociados a la compra.
Beneficios sociales, canon del agua y apoyo a sectores estratégicos
El proyecto de ley incluye también otras medidas de carácter social y tributario, como una deducción del 30 % en el IRPF por gastos veterinarios y de vacunación de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente.
En materia de tasas, se establece la exención de la inspección técnica para vehículos de autotaxi y se eliminan las tasas del Programa Acredita, facilitando el acceso a certificados profesionales.
Respecto al canon del agua, se introducen nuevas bonificaciones: del 100 % para personas con discapacidad igual o superior al 33 % y del 50 % para personas en riesgo de exclusión social. También se agilizan los trámites para familias numerosas y se aprueba una exención temporal para los ayuntamientos hasta marzo de 2028 por pérdidas derivadas de fugas en las redes municipales.
Simplificación administrativa y mejoras en el SESCAM
El segundo gran bloque del proyecto se centra en la simplificación administrativa, con cambios normativos que permitirán sustituir autorizaciones por declaraciones responsables, eliminar trámites innecesarios y ampliar los supuestos de silencio administrativo positivo en diversas leyes autonómicas.
En el ámbito de los recursos humanos, la norma introduce mejoras en el SESCAM, como la reducción de plazos en procesos selectivos y la regulación del acceso a determinadas plazas asistenciales. Además, se crea el Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, que se financiará con recursos procedentes del canon eólico y urbanístico.
El conjunto de estas medidas tendrá un coste estimado de ocho millones de euros y beneficiará a más de 13.000 contribuyentes. Las deducciones del IRPF tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, mientras que el resto entrará en vigor tras la publicación de la ley en el DOCM.
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