El Gobierno de Castilla-La Mancha celebró esta semana en Tomelloso la jornada “Logros y reflexiones sobre la Política de Desarrollo Rural 2014-2022”. Un acto institucional que pretendía poner en valor una década de gestión y que, sin embargo, dejó más interrogantes que certezas.
Durante su intervención, la viceconsejera de la PAC y Política Agroambiental, Gracia Canales, afirmó que los logros alcanzados son “el mejor argumento” para defender la continuidad del segundo pilar de la Política Agraria Común a partir de 2028. Sin embargo, ese supuesto éxito no vino acompañado de un balance público con cifras, indicadores ni resultados concretos que permitan evaluar el impacto real de las políticas desarrolladas en el territorio.
Los pueblos no se revitalizan con palabras, sino con compromiso y resultados.
Se enumeraron proyectos y programas —los 29 Grupos de Acción Local, iniciativas de agricultura ecológica, ganadería extensiva o digitalización agraria—, pero sin datos verificables sobre su alcance. No se ofrecieron cifras de empleo, de repoblación o de mejora de servicios. Se habló mucho de esperanza, pero poco de evaluación.
El discurso institucional, cargado de buena voluntad, evita abordar la realidad más incómoda: la despoblación sigue avanzando, el envejecimiento continúa, y la brecha entre las zonas rurales y urbanas no deja de crecer. Muchos municipios pierden población cada año y la actividad económica se mantiene gracias, en gran parte, al esfuerzo de quienes permanecen, no tanto a la eficacia de las políticas públicas.
El discurso institucional, cargado de buena voluntad, evita abordar la realidad más incómoda: la despoblación sigue avanzando, el envejecimiento continúa, y la brecha entre las zonas rurales y urbanas no deja de crecer.
El desarrollo rural exige más que declaraciones. Requiere planificación, transparencia y, sobre todo, rendición de cuentas. Los fondos europeos del FEADER y las estrategias asociadas al segundo pilar de la PAC son herramientas poderosas, pero deben medirse con resultados, no con titulares. Si el objetivo es que “los pueblos estén vivos”, como afirma la viceconsejera, conviene preguntarse qué significa realmente ese lema y qué indicadores lo sostienen.
La cercanía del calendario electoral añade un matiz inevitable a este tipo de mensajes. No sería la primera vez que el campo se convierte en escenario de campaña. La puesta en valor de los logros propios —sin contraste, sin balance y sin autocrítica— suena más a preludio político que a ejercicio de gestión. Y eso, en un contexto de fatiga rural y desconfianza creciente, puede tener el efecto contrario al que se busca.
El verdadero desarrollo rural no se mide en discursos, sino en hechos
El campo de Castilla-La Mancha no pide gestos grandilocuentes, sino coherencia. Necesita datos claros sobre el destino de los fondos europeos, sobre cuántas explotaciones han podido modernizarse, cuántos jóvenes se han incorporado al sector o qué pueblos han conseguido frenar su pérdida de habitantes. Sin ese balance, hablar de logros es quedarse en el terreno de la retórica.
El verdadero desarrollo rural no se mide en discursos, sino en hechos: en escuelas que permanecen abiertas, en consultorios que no cierran, en cooperativas que resisten y generan empleo. Todo lo demás —las jornadas, los lemas, los mensajes optimistas— pertenece al lenguaje de la política, no al de la realidad.
En tiempos en los que el campo vuelve a ser objeto de promesas y escenificaciones, conviene recordar que los pueblos no se revitalizan con palabras, sino con compromiso y resultados. Y ahí, todavía, quedan muchas páginas por escribir.
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