Los ingenieros de Caminos reclaman cambios técnicos en el trasvase y medidas urgentes para recuperar el Tajo

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha reclamado una revisión en profundidad del modelo de gestión hídrica en España, poniendo el foco en el trasvase Tajo-Segura y en la aplicación rigurosa de los caudales ecológicos en la cuenca del río Tajo. Así lo recoge la declaración institucional emitida por su Demarcación de Castilla-La Mancha, que ha sido trasladada a distintas administraciones tanto regionales como nacionales.

La entidad profesional insiste en que el debate del agua debe abordarse desde criterios técnicos y no políticos, apostando por una planificación basada en la normativa vigente, la sostenibilidad ambiental y la garantía de los recursos hídricos a largo plazo. En este sentido, recuerda que cualquier decisión debe ajustarse al Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, a la Directiva Marco del Agua y a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, que obliga a implantar los caudales ecológicos sin periodos transitorios en los espacios protegidos.

El trasvase Tajo-Segura, en el centro del debate

Uno de los puntos clave del documento es la situación del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura estratégica que conecta la cabecera del Tajo con el sureste peninsular. El Colegio subraya que los volúmenes de agua trasvasables ya están definidos en la planificación hidrológica vigente, mientras que las reglas de explotación tienen como función modular los envíos en función de la disponibilidad.

Sin embargo, advierte de que estas reglas requieren una actualización técnica para adaptarse a las exigencias actuales y garantizar que se cumplen los caudales ecológicos fijados. A su juicio, no basta con establecerlos sobre el papel, sino que deben aplicarse de forma efectiva para asegurar el buen estado del río.

Asimismo, la institución recalca que cualquier modificación del régimen de trasvases debe contemplar una visión global de cuenca. Esto implica tener en cuenta tanto las necesidades ambientales del Tajo como la dependencia socioeconómica de las zonas receptoras, por lo que aboga por incorporar alternativas viables y sostenibles que permitan mantener la actividad económica y el empleo.

Deterioro ambiental y calidad del agua

La declaración dedica un apartado relevante al estado ecológico del Tajo, alertando de su progresivo deterioro, especialmente en el tramo medio. Según el Colegio, la contaminación en la cuenca alta y media está detrás de la pérdida de calidad del agua, un problema que se hace especialmente visible a su paso por ciudades como Toledo y Talavera de la Reina.

Entre las causas, señalan vertidos insuficientemente depurados y una presión creciente sobre los recursos hídricos. Por ello, reclaman una actuación integral que combine la revisión de los límites de vertido con una mejora sustancial de los sistemas de depuración y control, con el objetivo de recuperar el buen estado ecológico del río.

Cumplimiento normativo y seguridad jurídica

Otro de los ejes de la declaración es la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la gestión del agua. El Colegio insiste en que las decisiones deben respetar escrupulosamente el marco normativo existente, evitando interpretaciones que puedan generar incertidumbre o conflictos entre territorios.

En este contexto, la sentencia del Tribunal Supremo cobra especial relevancia, al fijar la obligatoriedad de aplicar los caudales ecológicos sin escalonamientos, lo que supone un cambio significativo en la gestión del Tajo y en la planificación de los trasvases.

Hacia un Pacto de Estado del Agua

Como conclusión, la Demarcación de Castilla-La Mancha se suma al llamamiento para impulsar un Pacto de Estado sobre el Agua, que considera “urgente e inaplazable” ante los desafíos actuales, como el cambio climático, la escasez hídrica o el aumento de fenómenos extremos.

Entre sus propuestas, destaca la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que integre una visión global del recurso, así como la reforma de la Ley de Aguas para reforzar la protección de la salud humana, la biodiversidad y la prevención de riesgos asociados a inundaciones y sequías.

Con esta declaración, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se posiciona como una voz técnica en uno de los debates más sensibles en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país, defendiendo una gestión del agua basada en el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y cumplimiento de la legalidad vigente.