Lo que está ocurriendo en Alustante debería servir para algo más que para una noticia breve sobre el posible cierre de una farmacia. Debería servir para poner frente al espejo a quienes llevan años asegurando que las políticas contra la despoblación están funcionando. Porque la jubilación del farmacéutico Vicente Alcañiz, tras más de cuatro décadas al frente del establecimiento, ha dejado una realidad muy concreta: si no aparece relevo, la farmacia cerrará a final de mes. Y cuando una farmacia cierra en un pueblo pequeño, no se pierde solo un negocio; se pierde uno de los servicios básicos que sostienen la vida cotidiana de una población envejecida que depende de esa cercanía para algo tan elemental como recoger su medicación.
El problema es que este tipo de situaciones chocan frontalmente con el discurso oficial que llevamos escuchando desde hace años. Hace poco más de un año, el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, destacaba en Guadalajara que desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas contra la Despoblación en 2021 habían llegado a las zonas afectadas por este fenómeno 4.897 personas, dentro de un saldo migratorio provincial cercano a las 15.000. Según sus palabras, uno de cada tres nuevos habitantes se estaba instalando en áreas rurales afectadas por la despoblación, lo que a su juicio demostraba que se estaban dando “los pasos necesarios para hacer frente al problema con las medidas que se están poniendo en marcha”.
¿De qué sirve hablar de nuevos habitantes si los servicios básicos siguen dependiendo de que un profesional concreto aguante décadas al frente de ellos?
Las cifras pueden ser correctas. Las estadísticas, seguramente también. Pero la pregunta que surge cuando una farmacia rural se queda sin relevo es muy sencilla: ¿de qué sirve hablar de nuevos habitantes si los servicios básicos siguen dependiendo de que un profesional concreto aguante décadas al frente de ellos? Porque esa es la realidad que hay detrás de muchos pueblos. Durante años se ha sostenido la vida diaria gracias al compromiso personal de médicos, farmacéuticos, maestros o pequeños empresarios que han decidido quedarse cuando otros se marchaban. Pero cuando esas personas se jubilan, el sistema debería ser capaz de garantizar continuidad. Si no lo hace, el problema no es individual, es estructural.
¿Cómo es posible que un servicio esencial como una farmacia rural siga dependiendo de la suerte de encontrar relevo cuando su titular se jubila?
Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en Alustante. Aquí no estamos hablando de una farmacia testimonial ni de un negocio marginal. Es un establecimiento que además atiende botiquines de otros pueblos y que forma parte de la red de guardias junto a farmacias de localidades cercanas, incluso de la vecina provincia de Teruel. Es decir, cumple una función territorial clara dentro de una comarca con población envejecida y dispersa. Sin embargo, hoy su continuidad depende simplemente de que aparezca alguien dispuesto a hacerse cargo.
Por eso resulta inevitable comparar el discurso político con la realidad sobre el terreno. Durante los últimos años se han anunciado estrategias contra el reto demográfico, oficinas específicas, programas de dinamización rural y fondos europeos destinados a revitalizar territorios. Se han presentado informes con gráficas optimistas y titulares que hablaban de oportunidades en el medio rural. Pero cuando llega un caso concreto como este, la sensación que queda es que todo ese andamiaje institucional sirve de poco para resolver un problema real y urgente.
Los pueblos no se vacían solo por su ubicación geográfica; se vacían cuando los servicios empiezan a desaparecer.
A menudo se dice que el problema de los pueblos es la distancia. Que están lejos, que son pequeños, que cuesta atraer profesionales. Es una explicación cómoda, pero incompleta. Los pueblos no se vacían solo por su ubicación geográfica; se vacían cuando los servicios empiezan a desaparecer. Cuando una familia percibe que cada vez hay menos recursos cerca, la decisión de marcharse se vuelve mucho más fácil. Y cada servicio que desaparece acelera ese proceso.
Por eso el caso de Alustante debería servir para algo más que para llenar unas líneas en la sección de sociedad. Debería servir para que quienes llevan años gestionando políticas contra la despoblación expliquen con claridad hasta qué punto esas medidas están funcionando realmente. Porque si al mismo tiempo que se habla de aumento de población rural hay pueblos que pueden quedarse sin farmacia, quizá el problema no sea solo demográfico, sino también de planificación y de prioridades.
Quienes llevan años gestionando políticas contra la despoblación expliquen con claridad hasta qué punto esas medidas están funcionando realmente.
En la política española existe una tendencia peligrosa a convertir la despoblación en un tema retórico. Algo que se menciona en discursos, se estudia en informes y se debate en congresos, pero que rara vez se afronta con medidas contundentes cuando aparece un problema concreto. Y el cierre de una farmacia es, probablemente, una de las señales más claras de que un territorio está perdiendo estructura básica.
Tal vez por eso la pregunta que deberían responder ahora quienes aseguran que el medio rural va en la buena dirección es bastante simple. Si realmente están llegando miles de nuevos habitantes a las zonas afectadas por la despoblación, como afirma el propio comisionado, ¿cómo es posible que un servicio esencial como una farmacia rural siga dependiendo de la suerte de encontrar relevo cuando su titular se jubila?
Porque cuando una farmacia baja la persiana en un pueblo, no se apaga solo un negocio. Se apaga una parte de la vida cotidiana del lugar. Y si después de tantos planes, tantas estrategias y tantos discursos optimistas seguimos viendo cómo ocurre algo así, quizá haya llegado el momento de que alguien dé explicaciones más allá de las gráficas.
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