Castilla-La Mancha refuerza su apuesta por la accesibilidad universal como base de la igualdad de derechos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a situar la accesibilidad universal en el centro del debate social como una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de derechos y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Así lo ha señalado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, durante la Gala Inclusivamente organizada por la Fundación Eurocaja Rural.
El acto, celebrado este lunes en Toledo, ha servido para visibilizar iniciativas que promueven la inclusión social y el empleo de las personas con discapacidad.
En su intervención, Escudero ha subrayado que la accesibilidad “no es un elemento exclusivo para un colectivo concreto, sino una mejora real para el conjunto de la ciudadanía”, ya que contribuye a crear entornos más seguros, amables y pensados para todas las personas.
En este contexto, el comisionado ha avanzado que el Ejecutivo autonómico trabaja actualmente en una nueva Ley de Accesibilidad Universal, una norma que pretende dar respuesta a los retos actuales y futuros en materia de derechos, diseño de espacios y servicios accesibles. Una legislación que, según ha señalado, reforzará el compromiso del Gobierno regional con una sociedad inclusiva y cohesionada.
Durante la gala, Escudero también ha puesto en valor el papel de iniciativas sociales y empresariales que apuestan por la inclusión laboral, destacando que “en un contexto marcado por la incertidumbre y los conflictos, es posible sumar voluntades para construir un mundo más humano y solidario”.
Más de 86 millones para políticas de discapacidad en 2026
El evento ha contado igualmente con la participación del director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, quien ha destacado que Castilla-La Mancha sitúa la discapacidad como una prioridad transversal en sus políticas públicas. En este sentido, ha recordado que el presupuesto destinado en 2026 supera los 86 millones de euros, dirigidos tanto a entidades del Tercer Sector como a entidades locales.
Esta inversión permitirá reforzar una red pública que atiende actualmente a más de 15.000 personas con discapacidad en toda la región. Armenta ha explicado que la estrategia del Gobierno regional pasa por ampliar recursos, incrementar plazas especializadas y fortalecer los servicios de apoyo y capacitación, con el objetivo de garantizar la autonomía personal, la participación activa y el ejercicio pleno de derechos.
Una apuesta sostenida en el tiempo que busca consolidar una red pública cercana y equilibrada en todo el territorio, alineada con los principios de accesibilidad, inclusión y justicia social.
