Castilla-La Mancha activa el nuevo régimen de Entidades Colaboradoras para agilizar trámites administrativos

Castilla-La Mancha pone en marcha desde este jueves, 20 de agosto, el nuevo régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras con la Administración regional, una herramienta con la que el Gobierno autonómico pretende agilizar determinados procedimientos administrativos y reducir la carga burocrática para ciudadanos, empresas y ayuntamientos.

El decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio, entra oficialmente en vigor y abre la puerta a que las entidades interesadas puedan solicitar su acreditación para participar en determinados procesos que requieren conocimientos técnicos especializados.

La medida está especialmente pensada para aquellos expedientes que presentan una elevada complejidad técnica o una importante carga de gestión. Su objetivo es contribuir a una Administración más ágil, sin que ello suponga trasladar las competencias públicas a manos privadas.

¿Qué funciones podrán realizar las Entidades Colaboradoras?

Las entidades que obtengan la correspondiente acreditación podrán desarrollar tareas de carácter exclusivamente técnico, entre ellas la verificación, la certificación, la evaluación y el apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

En ningún caso podrán asumir las competencias que corresponden a la Administración. Las decisiones sobre autorización, resolución, inspección y control seguirán siendo responsabilidad de la Administración Pública.

Además, el recurso a estas entidades tendrá carácter voluntario, tanto dentro de los procedimientos en los que puedan intervenir como para quienes puedan beneficiarse de su colaboración.

La normativa contempla un periodo de adaptación para que la implantación del nuevo sistema se realice de manera progresiva y con las correspondientes garantías jurídicas y organizativas.

Siete ámbitos de actuación

El nuevo modelo podrá aplicarse inicialmente en diferentes áreas de gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Entre ellas se encuentran el urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular y la evaluación ambiental.

Las entidades inscritas en el futuro registro regional podrán intervenir en tareas como la comprobación documental, la evaluación técnica, la certificación del cumplimiento de la normativa o el apoyo especializado durante la tramitación de determinados expedientes.

Según el Gobierno regional, esta colaboración permitirá reducir tiempos de gestión y mejorar la capacidad de respuesta de la Administración ante procedimientos que requieren una especialización técnica.

Una medida con especial incidencia en los pequeños municipios

Uno de los objetivos destacados de esta nueva regulación es facilitar la gestión administrativa de los pequeños municipios de Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas rurales.

Muchos ayuntamientos cuentan con plantillas reducidas y no disponen de personal técnico suficiente para abordar con rapidez determinados proyectos urbanísticos o expedientes de elevada complejidad. Esta falta de medios puede provocar que algunas tramitaciones se prolonguen durante meses o incluso años.

Las Entidades Colaboradoras pretenden convertirse así en un apoyo técnico para estas administraciones locales, sin sustituir en ningún momento las competencias que corresponden a los propios ayuntamientos o al resto de Administraciones Públicas.

Más agilidad sin privatizar las funciones públicas

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende que el nuevo sistema forma parte del proceso de modernización de los servicios públicos y busca facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración.

La entrada en vigor del decreto supone, por tanto, el comienzo de un nuevo modelo de colaboración técnica en determinados procedimientos administrativos. La Administración mantiene en todo momento la responsabilidad sobre las decisiones y el ejercicio de sus potestades públicas.

A partir de este jueves, las entidades interesadas podrán iniciar los trámites necesarios para obtener su acreditación y formar parte de este nuevo sistema regional de colaboración.

La medida tendrá también especial relevancia para los municipios rurales de la provincia de Guadalajara, donde la disponibilidad de medios técnicos y personal especializado constituye uno de los retos habituales para la gestión de determinados expedientes.