APAG, Ecologistas y vecinos de Fuentelencina exigen paralizar el macroproyecto fotovoltaico ‘Haza del Sol’
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), junto a Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico ‘Haza del Sol’, han mostrado este lunes en Guadalajara su rechazo al proyecto previsto en Fuentelencina y han reclamado una moratoria inmediata para revisar su tramitación y abrir un proceso de diálogo con los vecinos y agricultores afectados.
Durante la comparecencia, en la que también participaron numerosos agricultores de la comarca, los colectivos denunciaron la “falta de información” por parte del Ayuntamiento de Fuentelencina y criticaron la gestión de la Junta de Castilla-La Mancha. Además, pidieron públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, quien además ocupa la Alcaldía del municipio.
El proyecto de la planta fotovoltaica ‘Haza del Sol’ contempla una superficie de 275 hectáreas, equivalente a 2,75 millones de metros cuadrados, además de una línea de evacuación de 41 kilómetros que atravesaría distintos municipios de la provincia hasta conectar con Madrid. Desde APAG consideran que esta infraestructura supondrá un fuerte impacto para el sector agrario, el paisaje y el ecosistema de la Alcarria.
El presidente de APAG, Juan José Laso, aseguró que el proyecto “no aporta ningún beneficio” a Guadalajara y que únicamente servirá para trasladar energía fuera del territorio provincial.
“Será una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin retorno para quienes vivimos en el medio rural”, afirmó.
Asimismo, Laso defendió que el Ayuntamiento aún dispone de herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación y pidió la aprobación de una moratoria municipal que permita debatir el futuro del proyecto con los vecinos afectados.
Críticas al delegado provincial de Agricultura
Uno de los puntos más duros de la rueda de prensa fue la crítica al doble cargo que ocupa Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura.
Desde APAG consideran “incomprensible” que quien representa al sector agrario apoye, a su juicio, una iniciativa perjudicial para agricultores y ganaderos.
“Un delegado de Agricultura debe defender al sector agrícola y apoyar la incorporación de jóvenes agricultores, no convertirse en defensor de empresas fotovoltaicas”, señaló Laso, quien reclamó al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, su destitución inmediata.
Por su parte, la Plataforma de Afectados denunció que muchos propietarios no conocieron oficialmente el proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora ofreciendo contratos de alquiler o advirtiendo de posibles expropiaciones.
El portavoz de la plataforma, Aurelio Urigoga, aseguró que los vecinos se sintieron “desprotegidos” y lamentó que el Ayuntamiento no informara previamente de la tramitación.
“Nos daban dos opciones: alquilar las tierras por 1.000 euros por hectárea o enfrentarnos a una expropiación”, resumió.
Según explicaron, numerosos afectados no pudieron presentar alegaciones porque desconocían la publicación del expediente en el Boletín Oficial del Estado. Calculan que existen más de medio centenar de afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones vinculadas tanto a la planta como a la línea de evacuación.
Riesgo para jóvenes agricultores y explotaciones ganaderas
Durante la comparecencia también se alertó de las consecuencias económicas que el proyecto podría tener para jóvenes agricultores incorporados recientemente al sector mediante ayudas públicas.
Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, advirtió de que algunos podrían incumplir los compromisos adquiridos con la Administración si pierden sus tierras de cultivo.
“Muchos han invertido en maquinaria y modernización y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas”, denunció.
Desde Ecologistas en Acción y la Plataforma Aliente respaldaron las críticas y denunciaron la “prepotencia” de las empresas promotoras, especialmente por las cartas remitidas a propietarios con plazos de apenas 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones.
Los colectivos insistieron en que no están en contra de las energías renovables, sino del modelo de implantación elegido para este parque solar. También cuestionaron aspectos técnicos del expediente, como la ausencia de un plan de desmantelamiento de la planta al final de su vida útil o la falta de estudios específicos sobre incendios.
Además, advirtieron del posible impacto sobre la fauna protegida y sobre explotaciones ganaderas cercanas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación.
Los convocantes recordaron que el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable, aunque todavía quedan pendientes procedimientos relacionados con la utilidad pública y las expropiaciones.
Finalmente, insistieron en que aún existen vías administrativas y municipales para intentar frenar el proyecto, citando ejemplos de otros municipios de Guadalajara que han aprobado moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas.
“Se habla mucho de la España despoblada y del medio rural, pero luego se permiten proyectos que expulsan a agricultores y jóvenes de los pueblos”, concluyeron.
