APAG denuncia presiones a agricultores por un parque solar en Fuentelencina y pide transparencia en el proceso
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) ha denunciado públicamente la situación que atraviesa un grupo de agricultores de Fuentelencina (Guadalajara) ante el desarrollo de un parque solar fotovoltaico promovido por la empresa Alfanar Energía. Según los propietarios afectados, el proyecto, que abarcaría unas 275 hectáreas, se inició en 2021 sin que muchos titulares de las parcelas recibieran información clara ni detallada.
Los dueños de los terrenos aseguran que no tuvieron conocimiento real del alcance de la iniciativa hasta hace apenas unos meses, cuando comenzaron a recibir cartas certificadas en las que se les instaba a firmar contratos de arrendamiento en un plazo de 15 días hábiles. En dichas comunicaciones, explican, se advertía de que, en caso de no aceptar, sus fincas podrían incluirse en una Declaración de Utilidad Pública, paso previo a un posible proceso de expropiación.
Preocupación entre los agricultores
Los afectados expresan su inquietud ante la posibilidad de perder sus tierras sin haber contado con información suficiente ni con tiempo para valorar las condiciones. En la actualidad, alrededor de 94 hectáreas continúan sin firmar contratos, muchas de ellas explotadas por agricultores locales que dependen de estos cultivos para su sustento.
Con el apoyo de APAG, los propietarios han mantenido reuniones y han iniciado la presentación de alegaciones, asesorados por abogados especializados, con el objetivo de frenar lo que consideran un “atropello” que podría expulsarles de la actividad agraria.
Señalan falta de apoyo institucional
El conflicto adquiere mayor relevancia al coincidir que Fuentelencina es la localidad del delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López, quien además ejerce como alcalde del municipio. Los vecinos denuncian falta de información y respaldo institucional, mientras que desde APAG se reclama máxima transparencia y claridad en todo el proceso.
Según indican, la pérdida de superficie cultivable podría afectar directamente al empleo vinculado al campo y al futuro del desarrollo rural, al reducir la actividad agrícola que sostiene a varias familias del municipio.
Una línea de evacuación de 48 kilómetros
El proyecto contempla también una infraestructura de evacuación de gran tamaño. La línea prevista tendría aproximadamente 48,05 kilómetros, conectando Fuentelencina con una subestación en Alcalá de Henares. El trazado atravesaría zonas agrícolas de regadío, con cultivos como el espárrago verde con Indicación Geográfica Protegida, además de áreas de monte bajo y vegetación de frondosas, ampliando el impacto territorial y ambiental.
APAG critica la expansión masiva de placas solares
Desde la organización agraria reiteran su oposición a la proliferación de proyectos solares fotovoltaicos sobre suelos productivos. Consideran que la implantación masiva de estas instalaciones podría convertir la provincia de Guadalajara “en un mar de placas”, ocupando miles de hectáreas de tierra fértil que actualmente se destinan a la agricultura y la ganadería.
El presidente de APAG, Juan José Laso, ha señalado que estas iniciativas “no contribuyen a fijar población ni a generar empleo local”, al contrario de las actividades agropecuarias que sostienen la economía rural.
Presión y limitación en la negociación
Los propietarios también denuncian que las condiciones planteadas en las cartas recibidas generan presión y limitan su capacidad de negociación, al vincular la falta de respuesta en un plazo reducido con la activación de mecanismos administrativos para declarar la utilidad pública de sus terrenos.
A ello se suma la incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto, debido a la existencia de una resolución de conflicto de conexión presentada por la empresa promotora frente a Red Eléctrica de España, relacionada con los plazos de ejecución de la infraestructura necesaria para evacuar la energía.
El colectivo solicita ahora la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento, garantizar los derechos de los propietarios y proteger el empleo agrario y el futuro del municipio, sin descartar emprender acciones legales.
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