APAG, ASAJA CLM y Atamaco calculan en más de 2 millones de euros las pérdidas por las paradas en la cosecha

Guadalajara, 17 de noviembre de 2025

APAG, ASAJA CLM y ATAMACO han reaccionado positivamente ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Albacete, que ha anulado la resolución del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, dictada el 8 de julio de 2021, que prohibía las labores de cosecha en toda la región durante los días 11 y 12 de julio, en el horario de 12 a 20 horas. Estas organizaciones valoran que, tras años de lucha legal, se haya dado la razón a los agricultores y ganaderos, quienes han destacado el impacto económico y operativo de las medidas impuestas.

En el caso de ASAJA CLM, el presidente José María Fresneda expresó su satisfacción al comentar que la sentencia demuestra la falta de sensibilidad de las administraciones públicas al imponer restricciones sin un criterio lógico ni legal. La resolución, que afecta directamente a la actividad agrícola de la región, fue impugnada en su momento por APAG y ASAJA CLM, quienes consideraron que las medidas adoptadas no estaban dentro del marco legal para la prevención de incendios forestales. La decisión del TSJ refuerza la postura de que no es competencia de la administración dictar cuándo o cómo se debe realizar la cosecha.

Juan José Laso, presidente de APAG, subrayó que esta sentencia no solo abre la puerta a una posible reclamación patrimonial a la Junta de Castilla-La Mancha, sino que también pone de manifiesto lo irresponsable y arbitraria que fue la resolución original. “Este tipo de decisiones, tomadas sin consenso ni consulta previa con el sector, nos retrotraen a épocas pasadas donde primaba el ‘ordeno y mando’”, indicó Laso.

Además, Laso recordó que la sentencia llega tarde, ya que los responsables de la resolución, el consejero José Luis Escudero y el viceconsejero Fernando Marchán, ya no ocupan sus cargos. De haberse dictado antes, la gestión cuestionada podría haber tenido consecuencias más graves para estos responsables, quienes, según el presidente de APAG, “demostraron una gestión imprudente y carente de talento”.

La sentencia ha sido también celebrada por Félix Andrés, presidente de ATAMACO (Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras), quien destacó que las pérdidas ocasionadas por la parada de la cosecha durante esos dos días de restricción se calculan en 750.000 euros solo para los asociados de ATAMACO. Según estimaciones de ASAJA CLM, las pérdidas a nivel regional superarían los 2 millones de euros, cifra que aumenta aún más cuando se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores autónomos no afiliados a estas asociaciones. Andrés aseguró que si estas restricciones se multiplican por los cinco años en los que se han producido, la cifra total de pérdidas sería mucho más elevada.

El presidente de ATAMACO también afirmó que las negociaciones unilaterales y la falta de diálogo con el sector agrícola fueron factores determinantes para llegar a esta situación. En este contexto, subrayó la importancia de que la sentencia sirviera para abrir las puertas a futuras negociaciones reales entre el sector agrícola y la administración, que permitan llegar a acuerdos mutuos y viables, sin perjuicio para ninguna de las partes.

Finalmente, ATAMACO anunció que próximamente celebrará una asamblea para determinar las acciones a seguir respecto a la reclamación patrimonial a la administración, con el fin de paliar las pérdidas sufridas por los profesionales del sector.

Por su parte, tanto APAG como ASAJA CLM insisten en la necesidad de que, en la lucha contra los incendios, el sector agrícola y ganadero sea reconocido no como un enemigo, sino como un aliado esencial, ya que estas actividades desempeñan un papel crucial en la gestión del medio ambiente y la prevención de incendios.

Con esta sentencia, se abren nuevas posibilidades para la protección de los intereses de los profesionales del sector agropecuario, que ven cómo la administración, a través del diálogo y el consenso, debe valorar de manera más adecuada sus necesidades y realidades en futuras decisiones relacionadas con la prevención de incendios y la cosecha.