La presidenta de la Asociación para el Desarrollo de La Alcarria Sur, Esperanza Magán, ha defendido en Madrid la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad rural. Reclama que los servicios esenciales estén a 30 minutos de cualquier municipio y alerta sobre el abandono institucional que sufre gran parte del territorio.
El pasado viernes, la voz de La Alcarria Sur resonó con fuerza en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. La Asociación para el Desarrollo de la Alcarria Sur (ADASUR), a través de su presidenta Esperanza Magán, participó activamente en la Jornada parlamentaria «Contra la Despoblación», un encuentro organizado por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar con el objetivo de dar visibilidad a los territorios rurales que luchan por su supervivencia.
Durante su intervención, Magán fue clara y contundente:
“No podemos seguir tratando por igual a territorios profundamente diferentes. Si no adaptamos las leyes a la realidad del medio rural, seguiremos perdiendo pueblos y oportunidades”.
Una comarca entre dos velocidades
La presidenta de ADASUR comenzó su intervención con un análisis del territorio alcarreño. La comarca que representa agrupa 35 municipios y 54.478 habitantes, repartidos de forma desigual. Cuatro de estos municipios concentran el 62% de la población, en buena parte gracias a su proximidad con Madrid, mientras que otros 22 presentan un panorama muy distinto: pérdida continua de habitantes, envejecimiento y densidades inferiores a los 2 habitantes por kilómetro cuadrado.
Frente a esta realidad, Magán instó a una aplicación eficaz de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, una norma pionera en España que, según denunció, sigue sin desplegar todo su potencial.
“Es una buena ley, pero necesitamos que baje al terreno, que se note en el día a día de la gente que vive en nuestros pueblos”, señaló.
Propuestas concretas para un cambio estructural
Además de su análisis territorial, Magán presentó ante los diputados la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2023–2027 que ha elaborado ADASUR junto a actores sociales y económicos del territorio. Un documento vivo que recoge cinco grandes objetivos y diez líneas estratégicas pensadas para revitalizar la comarca, atraer población joven y generar empleo en el medio rural.
Entre las propuestas más destacadas, ADASUR reclama:
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Garantizar el acceso a servicios esenciales en un radio máximo de 30 minutos, tal y como promueve el propio Gobierno de España.
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Ampliar la oferta de especialidades médicas en el entorno rural, como geriatría, fisioterapia o matronas, fundamentales para una población cada vez más envejecida.
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Implantar unidades móviles de atención sanitaria que lleguen a los municipios más aislados.
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Crear una red de Formación Profesional adaptada a las necesidades locales, que conecte al alumnado con sectores estratégicos del territorio.
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Diseñar un sistema de transporte público sensible a la demanda, especialmente en los 28 municipios de la comarca que se encuentran en situación de despoblación extrema.
Una realidad ignorada por las políticas estatales
Magán puso sobre la mesa una comparación que resume la magnitud del reto:
“La provincia de Guadalajara tiene 250.000 habitantes repartidos en 288 municipios. La ciudad de Madrid concentra esa misma población en un único término municipal. No se puede aplicar la misma normativa a realidades tan distintas”.
La presidenta de ADASUR también advirtió sobre el impacto negativo que los macroproyectos energéticos e industriales están teniendo en zonas rurales poco pobladas, calificadas en la jornada como “zonas de sacrificio”.
“Estas decisiones se toman muchas veces sin consultar al territorio, y el daño que causan es difícilmente reversible”, lamentó.
ADASUR y RECAMDER: una defensa firme del medio rural
Durante la jornada, Magán también representó a la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), reforzando el mensaje común de las entidades rurales: es urgente apostar por un modelo de desarrollo que respete la identidad local, que escuche a los vecinos y que garantice servicios y oportunidades sin tener que abandonar el pueblo.
ADASUR y RECAMDER cerraron su intervención reafirmando su compromiso como agentes activos en la transformación del medio rural. Reclamaron una financiación justa, políticas diferenciadas según el territorio y soluciones estructurales que eviten que La Alcarria Sur y otros territorios similares se conviertan en zonas olvidadas.
“No pedimos más que nadie, pedimos lo justo. Queremos poder vivir, trabajar y criar a nuestros hijos en nuestros pueblos, sin tener que renunciar a una vida digna”, concluyó Magán.
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