El Gobierno autonómico refuerza el gasto social, impulsa la economía y consolida su compromiso con la despoblación sin aumentar la deuda pública.
Castilla-La Mancha aprueba unos presupuestos de 12.903 millones para 2026 centrados en las personas y el progreso regional
Toledo, 21 de octubre de 2025
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, un 1,5 por ciento más que en el ejercicio anterior. Las cuentas, presentadas por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, refuerzan las políticas sociales, promueven el desarrollo económico y mantienen el equilibrio presupuestario, cumpliendo así con los compromisos del Ejecutivo de Emiliano García-Page de avanzar en un modelo de crecimiento sostenible y centrado en las personas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, explicó que el proyecto se ha elaborado en un “escenario de normalidad política e institucional” en la región, a diferencia de la situación de incertidumbre a nivel nacional, y destacó que el objetivo es que entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026, tras su tramitación en las Cortes regionales.
“Son unos presupuestos comprometidos con las personas, con el bienestar y con el progreso de Castilla-La Mancha”, afirmó Ruiz Molina, subrayando que “permitirán seguir avanzando en la senda de crecimiento iniciada en 2015, fortaleciendo la cohesión social y el equilibrio territorial”.
Un presupuesto social y equilibrado
Del total de los recursos, 10.777 millones corresponden a gasto no financiero, es decir, los fondos que efectivamente se destinan a servicios y políticas públicas una vez descontadas las partidas extraordinarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la deuda pública. Esta cantidad supone 720 millones más que en 2025, un incremento del 7,2 %, y refleja el refuerzo del gasto social como eje vertebrador de las cuentas autonómicas.
El Gobierno regional destinará 7.555 millones de euros al Estado del Bienestar, lo que equivale al 72 % del gasto no financiero y consolida el compromiso de dedicar la mayor parte de los recursos a sanidad, educación y servicios sociales. Desde 2015, el presupuesto en estas áreas se ha incrementado en más de 3.000 millones de euros.
Sanidad: más profesionales, infraestructuras y tecnología
La sanidad volverá a ser la principal partida del presupuesto, con más de 4.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,5 %. Este aumento permitirá ampliar las plantillas sanitarias, aprobar una nueva oferta pública de empleo, reforzar la formación de especialistas y avanzar en la modernización tecnológica del sistema de salud regional.
El Ejecutivo autonómico prevé continuar con la ejecución del Plan de Infraestructuras Sanitarias, que contempla actuaciones en hospitales y centros de salud, mejorar la Atención Primaria, fortalecer la red de salud mental y ampliar los programas de prevención y diagnóstico precoz, como la extensión del cribado neonatal hasta 36 enfermedades.
“Queremos consolidar uno de los sistemas sanitarios más atractivos del país, con más medios, más innovación y una atención más humana”, destacó el consejero.
Educación y servicios sociales: inversión en futuro y cuidados
El área de Educación, Cultura y Deportes contará con 2.500 millones de euros, un 5,3 % más que en 2025, lo que permitirá bajar ratios en Primaria, mejorar las condiciones del profesorado y reforzar la Formación Profesional y la inclusión educativa. También se ampliará la red de infraestructuras escolares y se continuará con la gratuidad de las aulas de 2 a 3 años en todos los municipios a partir del curso 2026-2027.
Además, el Gobierno mantendrá los contratos programa con las universidades públicas y consolidará la gratuidad de la matrícula del primer curso universitario para nuevos estudiantes.
En cuanto a los servicios sociales, las partidas superan por primera vez los 1.000 millones de euros, con un crecimiento del 7,7 % respecto al ejercicio anterior. Los fondos se destinarán a ampliar la red de centros residenciales y de día, fortalecer la atención a la dependencia y promover la autonomía digital de las personas mayores y con discapacidad. También se incrementarán las plazas del Termalismo Social, que alcanzarán las 8.400, y se ampliarán los programas de Turismo Social y atención temprana.
Impulso económico y desarrollo sostenible
El presupuesto de 2026 también pone el acento en el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad empresarial. En total, se dedicarán 3.232 millones de euros a políticas económicas, un 68 % más que en 2015. De ellos, 1.475 millones se transferirán directamente al tejido productivo para incentivar la inversión, la modernización industrial y la internacionalización de las empresas.
Las operaciones de capital, destinadas a nuevas infraestructuras y proyectos productivos, ascienden a 1.560 millones, lo que representa un incremento del 16,3 % respecto a 2015. Con estas inversiones, el Gobierno pretende reforzar la transformación digital, mejorar la red de transportes y carreteras, y promover un parque inmobiliario accesible y sostenible.
Asimismo, se destinarán recursos específicos para acelerar la transición ecológica y avanzar hacia un modelo económico verde y digital, que favorezca la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo de calidad.
2.116 millones para combatir la despoblación
Uno de los ejes estratégicos de las cuentas para 2026 es la lucha contra la despoblación, que contará con una dotación de 2.116 millones de euros, un 4 % más que el año pasado y un 23,5 % más que en 2023. Estas partidas se integran en la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que busca garantizar servicios, oportunidades y conectividad en el medio rural.
Ruiz Molina destacó que Castilla-La Mancha es “una comunidad pionera” en la aplicación de políticas contra la pérdida demográfica y que el objetivo es “facilitar el desarrollo integral de los pueblos, favoreciendo la igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia”.
Ingresos, equilibrio y beneficios fiscales
En materia de ingresos, el 68 % (7.814 millones de euros) proviene del Sistema de Financiación Autonómica, mientras que 2.166 millones llegan a través de transferencias del Estado y fondos de la Unión Europea. El resto corresponde a tributos cedidos, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El consejero subrayó el esfuerzo realizado para reducir el peso de la deuda pública respecto al PIB, recordando que Castilla-La Mancha se sitúa como la tercera comunidad autónoma que más ha disminuido este indicador desde 2015. Además, reiteró la petición del Gobierno regional de avanzar en la condonación parcial de la deuda, una medida que contribuiría a aliviar las finanzas autonómicas y aumentar la capacidad de inversión.
En cuanto a los beneficios fiscales, el Ejecutivo mantiene congelada la presión tributaria desde 2015 y ha aprobado nuevas deducciones que favorecen a familias, jóvenes, personas con discapacidad y zonas rurales. En 2026, el volumen total de beneficios fiscales alcanzará 389,2 millones de euros, un 17 % más que el año anterior, con un ahorro de 84 millones en vivienda y 60 millones en medidas contra la despoblación.
Un presupuesto “realista, responsable y solidario”
Ruiz Molina definió el presupuesto de 2026 como un ejercicio de “transparencia, rigor y responsabilidad”, que devuelve a la ciudadanía el valor de sus impuestos en forma de servicios y oportunidades.
“Queremos hacer partícipes a los castellanomanchegos de la riqueza que juntos generamos”, concluyó.
Con estas cuentas, el Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza su apuesta por un modelo económico equilibrado, socialmente justo y orientado a garantizar el futuro de la región.








