El sindicato denuncia que la disminución de efectivos y la temporalidad en la empresa pública de gestión ambiental pueden comprometer la prevención y extinción de incendios forestales.

CSIF alerta de la reducción de medios en Geacam y de la precariedad laboral en plena campaña de incendios en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). Según la organización, la reducción del dispositivo en plena campaña de incendios, unida a la temporalidad y a las condiciones laborales del personal, está limitando la capacidad de respuesta ante emergencias y afectando a la protección del medio natural.

Reducción del dispositivo en septiembre

De acuerdo con los datos facilitados por CSIF, este viernes se reducirá el dispositivo en 16 medios de extinción y 7 de vigilancia, lo que supone un recorte del 21%. A partir del próximo 19 de septiembre, está prevista además la desactivación de 63 medios de extinción y 15 de vigilancia adicionales, con lo que quedará operativo únicamente el 50% del dispositivo de incendios en la región.

Esta reducción coincide con un periodo en el que, según la propia Consejería de Desarrollo Sostenible, persiste un riesgo alto de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas y a la sequía acumulada.

Menos días de campaña y plantilla incompleta

Otro de los aspectos señalados por el sindicato es la disminución de la duración de la campaña. En la actualidad se desarrolla durante 96 días, frente a los 122 días que se cubrían en legislaturas anteriores.

El déficit de personal afecta también a los técnicos de incendios, con un 6% de plazas sin cubrir diariamente.

Además, CSIF denuncia que no se han cubierto todos los puestos previstos en plantilla, lo que ha derivado en torres de vigilancia cerradas y brigadas con menos efectivos de los necesarios. Según el sindicato, en algunos casos se han movilizado cuadrillas con dos componentes en lugar de los cuatro requeridos para garantizar la seguridad y eficacia en las intervenciones.

Temporalidad y rotación de trabajadores

La organización sindical también subraya la incidencia de la temporalidad en Geacam.

De los 2.205 trabajadores de plantilla, solo 1.500 desarrollan su labor durante todo el año.

El resto únicamente trabaja durante la campaña de incendios, con contratos que en muchos casos no superan los 96 días.

Esta situación, según CSIF, dificulta la profesionalización del sector y repercute directamente en la prevención.

El sindicato calcula que con los efectivos actuales solo se puede actuar sobre el 1% de la masa forestal de la región, lo que equivale a unas 10.000 hectáreas de un total de un millón.

A ello se suma la alta rotación de personal. En los últimos cinco años se han formado más de 700 nuevos trabajadores, muchos de los cuales no han tenido continuidad en la empresa. Según la organización, este exceso de incorporaciones temporales retrasa la adquisición de experiencia y provoca la marcha de profesionales hacia otras comunidades o sectores.

Condiciones laborales y salariales

CSIF también pone el foco en las condiciones económicas del personal de extinción de incendios. El salario base de un bombero forestal se sitúa en torno a 1.200 euros netos al mes, con disponibilidad absoluta durante la campaña de incendios, lo que equivale a 0,37 euros por hora de disponibilidad. El complemento por penosidad, toxicidad y peligrosidad asciende a 2 euros diarios.

La organización sindical considera que estas condiciones no se corresponden con la responsabilidad del trabajo ni con el riesgo que asumen los profesionales en primera línea de fuego.

Reivindicaciones y propuestas

Ante esta situación, CSIF ha presentado una serie de propuestas dirigidas al Gobierno regional con el objetivo de reforzar la campaña de prevención y extinción de incendios y mejorar la estabilidad del personal de Geacam.

Entre ellas, destacan:

• Ampliación de la campaña a 122 días, en consonancia con el periodo de riesgo alto y extremo que establece el plan Infocam.

• Creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales con presupuesto propio, que sustituya la dependencia de subvenciones temporales y fondos europeos.

  

• Contratos estables de 12 meses, con cobertura del 100% de la plantilla en todas las categorías.

• Refuerzo de las provincias con mayor incidencia de incendios y dotación mínima garantizada en todos los medios.

• Un plan de igualdad real que facilite la conciliación y el acceso a reducciones de jornada sin discriminación.

• Complementos salariales adecuados al riesgo y a la disponibilidad.

• Desarrollo de una segunda actividad para el personal que no pueda estar en primera línea, sin pérdida económica.

• Cumplimiento de la Ley de Bombero Forestal, que permita la jubilación anticipada con coeficientes reductores.

• Renovación de plantillas ante el envejecimiento de la actual: un 11% de trabajadores tiene entre 60 y 67 años, y un 24% entre 50 y 59.

Movilizaciones recientes

El pasado 2 de septiembre, bomberos forestales de Castilla-La Mancha, junto con diferentes organizaciones sindicales, se manifestaron frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. La concentración tuvo como objetivo denunciar la precariedad del colectivo y reclamar un servicio esencial con más recursos y mayor estabilidad.

La movilización también puso de relieve la situación de los agentes medioambientales, que comparten reivindicaciones similares en materia de recursos y condiciones laborales.

Balance del verano

Según datos del sindicato, en lo que va de verano los incendios han afectado a más de 3.400 hectáreas en Castilla-La Mancha. CSIF considera que, pese a la capacidad de respuesta del personal operativo, la reducción de efectivos y la falta de estabilidad laboral pueden limitar la eficacia del dispositivo en futuros episodios.

Desde la organización se insiste en que la mejora de medios y condiciones redundaría en una mayor seguridad para los profesionales y en una protección más eficaz del patrimonio natural y de las poblaciones rurales que conviven con el riesgo de incendios.