Artículo de Opinión. Francisco Larrad, La España Vacia(da)
Una vez más, los pueblos de la España rural, y en particular los de la provincia de Guadalajara, se enfrentan a una decisión que amenaza directamente su supervivencia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha planteado un anteproyecto que prevé la eliminación de entre el 80% y el 90% de las paradas de autobús en el corredor Madrid–Teruel–Valencia. Una decisión que, de ejecutarse, supondría un nuevo golpe —quizá definitivo— a la conectividad y la dignidad de las zonas más despobladas del país.
No es una exageración. Municipios como Sauca, Rillo de Gallo, Almadrones, Luzón o Tobillos —por mencionar solo algunos— se verán directamente afectados. Lugares que ya sufren el envejecimiento poblacional, la falta de servicios médicos, la escasa cobertura digital y la ausencia de oportunidades laborales, ahora también quedarán incomunicados por tierra. Es difícil entender cómo, desde los despachos de Madrid, se puede justificar una medida así sin prever sus consecuencias humanas y sociales.
Foto Redes Sociales: Jesus Lm
Mientras se habla en bucles institucionales de “revitalizar el medio rural”, lo cierto es que decisiones como esta echan por tierra cualquier política de reto demográfico. No es serio que, desde el mismo Gobierno que ha creado una Secretaría de Estado para hacer frente a la despoblación, se esté al mismo tiempo eliminando los pocos servicios públicos que aún conectan a los pueblos con el resto del territorio.
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, tiene mucho que explicar. Porque más allá de cualquier racionalización técnica o económica, esta medida desconoce la realidad del territorio. El autobús en un pequeño municipio no es solo un medio de transporte: es una herramienta de cohesión, una línea de vida, una posibilidad de futuro. La eliminación de paradas supone condenar al aislamiento a estudiantes, personas mayores, trabajadores sin coche y familias enteras que resisten en el mundo rural.
¿De qué sirve un Comisionado para el Reto Demográfico si no se planta con firmeza ante este tipo de atropellos?
Pero también es momento de exigir responsabilidades a nivel autonómico. Castilla-La Mancha no puede ser una espectadora pasiva mientras su tierra se vacía. El Gobierno regional, y concretamente el Comisionado para el Reto Demográfico, Jesús Alique, deben salir del letargo institucional y actuar con contundencia. Defender el territorio no es solo asistir a jornadas sobre despoblación o lanzar planes estratégicos que acaban archivados. Es plantarse y decir que no se va a permitir más desmantelamiento.
Usted, señor Alique, fue nombrado precisamente para esto. Para ser la voz de los pueblos. No un portavoz de las decisiones de Madrid. ¿De qué sirve un Comisionado para el Reto Demográfico si no se planta con firmeza ante este tipo de atropellos? ¿De qué sirve su cargo si, en vez de sumar soluciones, permite que sigan restando derechos?
Cada parada eliminada no es solo una línea en un mapa, es un vecino que se queda aislado. Es una vida más difícil. Es una familia más que se ve empujada a marcharse. ¿Y después qué? ¿Un cementerio de pueblos fantasmas mientras ustedes publican informes que nadie lee?
Se lo diré claro, sin rodeos: o defiende a nuestros pueblos o dimita. Porque no se puede estar en misa y repicando. No puede usted aparecer en foros hablando de “cohesión territorial” mientras en su propia provincia se están arrancando las raíces del mundo rural.
No estamos hablando de caprichos ni de lujos. Estamos hablando de derechos fundamentales: el derecho a la movilidad, a la igualdad territorial, a vivir con dignidad en cualquier rincón del país. El argumento de que “ya no hay viajeros suficientes” es un mantra peligroso, porque no reconoce que la falta de servicios es precisamente una de las causas del despoblamiento, no su consecuencia.
Es preocupante, además, que la medida se haya tomado sin una verdadera consulta a los municipios afectados ni a sus ciudadanos. Sin diálogo no hay democracia. Y sin participación, las decisiones del Estado se convierten en imposiciones. El plazo para presentar alegaciones acaba el 29 de mayo, y los ciudadanos están actuando. ¿Dónde están sus representantes?
El argumento de que “ya no hay viajeros suficientes” es un mantra peligroso, porque no reconoce que la falta de servicios es precisamente una de las causas del despoblamiento, no su consecuencia.
Es verdad que el presidente de la Diputación Jose Luis Vega, rápidamente ha salido a luchar por la provincia. A pesar de que la Diputación no tiene competencias directas en materia de transporte, Vega ha dejado claro que la institución “va a presentar alegaciones” a los planes del Ministerio de Transportes. El presidente ha hecho un llamamiento tanto al Gobierno central como al Gobierno regional para que logren un acuerdo que evite reducir paradas en los municipios de nuestra provincia.
“Si queremos luchar contra la despoblación, no podemos dejar incomunicados a nuestros pueblos”, ha subrayado Vega, reafirmando que la Diputación estará “junto a los ayuntamientos, apoyando sus iniciativas y presentando propuestas propias” para frenar esta medida.
La lucha contra la despoblación no puede quedar en discursos bonitos ni en campañas de imagen. La verdadera política rural se demuestra en momentos como este: cuando hay que proteger lo poco que queda y apostar, sin titubeos, por una inversión sostenida y coherente en servicios públicos.
La eliminación de paradas de autobús no es un ajuste técnico, es una declaración de abandono. Y si nadie la frena, será una más de las muchas decisiones que nos obligarán, dentro de unos años, a preguntarnos por qué ya no queda nadie en tantos pueblos de nuestro país.
Los pueblos no importan. No molestan si desaparecen. Es más, parece que algunos preferirían que lo hicieran cuanto antes, para no tener que ocuparse de ellos
Resulta insultante que desde el Ministerio se hable de “optimización de rutas” mientras condenan a decenas de pueblos al olvido. ¿Optimizar qué, exactamente? ¿La despoblación? ¿El abandono institucional? Lo que están haciendo no es ajustar líneas, es dinamitar las pocas posibilidades que le quedan al medio rural para seguir vivo. El autobús no es un lujo, es una necesidad. Y eliminarlo es una declaración de guerra a quienes aún resisten en el territorio con más dignidad que medios. Si quieren gestionar infraestructuras desde una hoja de Excel, al menos tengan el valor de asumir públicamente que han renunciado a garantizar la igualdad de oportunidades.
Que si no vives en una capital, no mereces los mismos derechos
Porque lo más doloroso no es ya la medida en sí, sino el desprecio estructural que demuestra. Los pueblos no importan. No molestan si desaparecen. Es más, parece que algunos preferirían que lo hicieran cuanto antes, para no tener que ocuparse de ellos. Esa es la sensación que deja esta política. Mientras se invierten millones en grandes corredores ferroviarios, en aeropuertos sin vuelos y en autopistas desiertas, se les niega a los ciudadanos de Aguilar de Anguita o Castellar de la Muela un simple transporte en autobús. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué mensaje se lanza desde el Gobierno con esta decisión? Que si no vives en una capital, no mereces los mismos derechos.
Y lo más sangrante es que esto ocurre bajo gobiernos que presumen de ser “progresistas”, que llenan sus programas de promesas para la España interior, pero que a la hora de la verdad entregan el futuro del medio rural a la lógica del mercado. ¿Dónde está la justicia social cuando se arrincona a quienes más dependen de los servicios públicos? No hay transición justa posible si no incluye a los pueblos. No hay cohesión territorial si se condena a una parte del país al aislamiento. Lo que ocurre en Guadalajara hoy, ocurrirá mañana en Cuenca, en Soria, en Teruel… y cuando queramos reaccionar, será tarde. Pero entonces no digan que no fueron avisados.
