Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2025
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado hoy la importancia de la “sana cooperación autonómica” como un mecanismo para mejorar la eficacia en la gestión pública. En este sentido, ha firmado un convenio con el Gobierno de Canarias que permitirá compartir herramientas digitales para optimizar los procesos administrativos.
“Vamos a ceder de manera gratuita un programa que reduce drásticamente los procedimientos administrativos, facilitando una gestión más eficiente”, ha explicado García-Page tras la firma del acuerdo con su homólogo canario, Fernando Clavijo.
Según el presidente castellanomanchego, este tipo de iniciativas refuerzan la unidad del país y responden al espíritu de la Constitución de 1978, promoviendo una España más eficiente.
El convenio con Canarias se suma a uno similar suscrito recientemente con Baleares, y desde Castilla-La Mancha se ha ofrecido a otras comunidades. En los dos años que lleva funcionando en la región, esta herramienta ha reducido a la mitad los procedimientos administrativos y los tiempos de respuesta.
Crítica a la falta de reforma en la financiación autonómica
En materia de financiación autonómica, García-Page ha criticado el retraso en su reforma, señalando que “llevamos once años de retraso y es obsceno”.
Según el presidente, la falta de avances se debe a la negativa de Cataluña a participar en la negociación, lo que impide llegar a un acuerdo justo para todas las comunidades.
Reivindicación de un pacto nacional sobre migración
El presidente castellanomanchego también ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de migración, especialmente en el reparto de menores extranjeros no acompañados.
“Este es un asunto que requiere altura de miras por parte de todos los partidos”, ha declarado, subrayando que su Gobierno está dispuesto a colaborar con una propuesta concreta para la ampliación de centros de acogida, siempre con la financiación adecuada del Estado.
En esta línea, ha defendido que todas las comunidades autónomas deben ser corresponsables en la gestión migratoria para evitar malentendidos y desconfianza, apelando a la necesidad de evitar que esta cuestión se convierta en un arma política.
