El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los presupuestos para 2025 destacando que uno de cada cuatro euros se destinará a combatir la despoblación. Según el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se invertirán más de 2.036 millones de euros en esta causa, lo que representa el 25 % del techo de gasto. Aunque el esfuerzo parece significativo sobre el papel, surgen serias dudas sobre la eficacia real de estas inversiones. ¿Es esta cifra tan impresionante como aparenta? ¿O estamos ante una estrategia diseñada más para generar titulares que para resolver problemas estructurales?
El discurso oficial resalta un saldo migratorio positivo de 11.368 habitantes en zonas rurales como resultado de la Ley de medidas contra la Despoblación. Pero ¿dónde están los datos específicos que respalden esta afirmación? ¿Qué porcentaje de estos nuevos habitantes corresponde a retornos temporales o a movimientos dentro de la misma comunidad? Sin un desglose detallado, estas cifras son poco más que un enunciado vacío. Por ejemplo, ¿qué impacto han tenido estas políticas en zonas emblemáticas por su despoblación, como Molina de Aragón y su comarca, una de las más despobladas de Europa? ¿Qué avances reales se han registrado en Cuenca o en el Señorío de Molina, y cómo se comparan con los objetivos establecidos? La transparencia debería ser la base de cualquier política pública, pero parece ausente en este caso.
Además, el Gobierno presume de un incremento del 6 % en las partidas destinadas a combatir la despoblación respecto al año anterior, lo que supone 115 millones de euros adicionales. Sin embargo, ¿cómo se ha utilizado el dinero de años anteriores? ¿Cuántos empleos se han creado? ¿Cuántas empresas se han instalado en las zonas rurales gracias a estas políticas? Sin indicadores claros y verificables, los habitantes de estas comarcas no tienen más que promesas que no garantizan un cambio estructural. Resulta difícil entender cómo una inversión de más de 2.000 millones de euros en este ámbito puede no incluir un desglose pormenorizado de sus resultados. No debe de ser solo dinero para contrataciones políticas a dedo en puestos locales, debe ser un dinero para generar empleo y dotar de los mismos servicios a la España rural que a la España “desarrollada”.
Un aspecto preocupante es la falta de enfoque en el empleo sostenible como motor para fijar población en el medio rural. Las cifras millonarias suenan bien, pero ¿por qué no se destinan estos recursos a iniciativas que fomenten la creación de empleo de calidad? Las zonas rurales necesitan incentivos para atraer empresas, potenciar la digitalización (recuerden donde han ido los últimos puestos de trabajo de digitalización, ya lo hablé en otro artículo, y no, no han ido a la niña bonita del señor García Page) y fomentar el emprendimiento, no solo subvenciones que muchas veces no llegan a donde más se necesitan. ¿Qué sucede con los jóvenes que abandonan estas comarcas por la falta de oportunidades? ¿Se están desarrollando estrategias para que regresen y encuentren un futuro viable en su tierra? Parece que el Gobierno ha optado por el dinero fácil en lugar de apostar por un cambio estructural.
¿Por qué seguimos en una fase piloto después de años de aplicación de la Ley de medidas contra la Despoblación?
Las llamadas Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR), presentadas como una solución estratégica, son un ejemplo más de las lagunas en estas políticas. Estas agendas, con cinco experiencias piloto en zonas como la Sierra de Alcaraz o el Campo de Montiel, se presentan como la base para avanzar en la lucha contra la despoblación. Pero, ¿por qué seguimos en una fase piloto después de años de aplicación de la Ley de medidas contra la Despoblación? ¿Cómo se han elegido estas zonas y cuáles serán los indicadores para evaluar su éxito? Más preocupante aún, ¿por qué no se han implementado planes similares antes? En lugar de parecer un plan estratégico, las ADUR se perciben como una improvisación tardía que busca llenar huecos en una estrategia incompleta
Por otro lado, el vicepresidente primero afirma que la estructura de la Presidencia apenas consume el 0,20 % del presupuesto regional, equivalente a 26 millones de euros. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, ¿qué impacto real tiene esta inversión en la lucha contra la despoblación? ¿Se justifican estos gastos en un contexto en el que cada euro debería estar destinado a generar resultados concretos en las zonas más afectadas? Sin un desglose transparente de estas partidas, resulta difícil aceptar que están contribuyendo al objetivo anunciado.
El problema de fondo es que la lucha contra la despoblación requiere algo más que cifras llamativas y discursos optimistas. Es necesario un enfoque integral que priorice la creación de empleo, la mejora de la conectividad digital y física, y el acceso a servicios públicos de calidad. Sin estas bases, los 2.036 millones de euros no serán más que un parche temporal. La pregunta clave sigue siendo: ¿es este presupuesto un compromiso real con el medio rural o simplemente una estrategia para ganar titulares? Castilla-La Mancha necesita políticas estructurales, no medidas cosméticas que solo maquillen un problema crónico. Mientras tanto, las zonas rurales siguen agonizando.
Pido disculpas a los lectores si en el artículo anterior he planteado demasiadas preguntas. Reconozco que puede resultar abrumador, pero considero que a veces es preferible cuestionarse las cosas que vivir cómodamente en la ignorancia. Muchos medios prefieren no profundizar o evitan hacer estas preguntas, pero como periodista, siento la responsabilidad de ir al centro de la cuestión. Al fin y al cabo, no estamos hablando del dinero de los políticos ni de un recurso ilimitado que puedan manejar a su antojo; es nuestro dinero, el de los ciudadanos, y merece una gestión transparente y eficaz.
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