La sanidad pública en Castilla-La Mancha ha sido nuevamente objeto de controversia. Ya lo venía avisando en artículos anteriores sin ser ningún vidente. Tras la aparición de una nota en el Hospital de Guadalajara denunciando la falta de personal y la reducción de contratos, el gobierno regional ha salido rápidamente a desmentirlo. Según el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, las contrataciones son más que abundantes, mencionando que entre julio y septiembre se han realizado más de 97.000 llamadas y 3.461 contratos a través de la bolsa de trabajo. La diferencia entre las llamadas y los contratos realizados es sorprendente; es más, ¿por qué tanto rechazo de contrato?
¿Por qué, si las contrataciones son tan numerosas y las condiciones laborales tan óptimas, seguimos enfrentándonos a listas de espera que superan el año en algunas especialidades?
Si todo va “tan bien”, como argumenta el gobierno regional, resulta difícil entender por qué los pacientes continúan sufriendo demoras para acceder a servicios básicos de salud. Muy fácil de explicar: en sanidad se hacen contratos por días y por horas, por eso los profesionales los rechazan. Menos mal que el gobierno regional es el salvador de nuestra queridísima Castilla-La Mancha.
Si estas estadísticas realmente reflejan una mejora sustancial en la atención sanitaria, ¿cuántos de esos contratos son verdaderamente efectivos y en qué condiciones?
Un número elevado de contrataciones no siempre se traduce en mejoras en la calidad asistencial, y el hecho de que existan más sanitarios en la nómina no parece estar resolviendo los problemas fundamentales del sistema. A pesar de las afirmaciones sobre la creación de empleo y la estabilidad, el hecho es que las listas de espera siguen siendo alarmantemente largas. Pacientes que esperan meses o incluso años para ser atendidos, diagnósticos que se retrasan y tratamientos que se posponen indefinidamente.
¿Qué sentido tiene contratar a miles de profesionales si el resultado no es una mejora tangible para los ciudadanos?
Otro aspecto que merece atención es la estabilidad de los contratos. Aunque se menciona el Programa Regional de Perspectiva Contractual y Retención del Talento, que busca dar mayor estabilidad a los residentes, ¿cuántos de esos contratos son eventuales o de corta duración? Es sabido que gran parte de los profesionales sanitarios en el sistema público enfrentan una precariedad laboral considerable, con contratos temporales que limitan su capacidad de ofrecer un servicio continuado y de calidad. Si la mayoría de los nuevos contratos son a corto plazo, esto no soluciona el problema de fondo: pan para hoy, hambre para mañana.
Siempre hay más interés en destacar cifras cuantitativas que en abordar la calidad de esas contrataciones. No se trata solo de contratar, sino de garantizar que esos profesionales cuenten con las condiciones adecuadas para realizar su labor de manera efectiva. El consejero Fernández Sanz también ha destacado que el presupuesto para nóminas ha crecido un 50% desde 2015, lo que en principio debería ser una buena noticia. Sin embargo, más dinero en nóminas no necesariamente significa mejor atención sanitaria. De hecho, parece haber una desconexión entre el incremento presupuestario y la calidad del servicio ofrecido. Si los recursos no se están gestionando adecuadamente, el aumento del gasto en personal no resolverá los problemas estructurales que afectan al sistema sanitario regional.
Pero si hablamos de desigualdad en la distribución de los recursos sanitarios entre las zonas urbanas y rurales, es otro “melón” que no se quiere abrir. Para los habitantes de zonas rurales alejadas, acceder a una atención sanitaria adecuada se convierte en un desafío descomunal. Las largas distancias y la falta de infraestructuras adecuadas implican que, aunque en teoría existan miles de contratos en el sistema sanitario, la atención no llega de manera equitativa a todos los ciudadanos, dejando a las poblaciones rurales en una situación de abandono.
Esta desigualdad entre las áreas urbanas y rurales es un reflejo de la falta de una estrategia integral que tenga en cuenta las necesidades específicas de la España vaciada. Las listas de espera en estos territorios no solo son más largas, sino que la sensación de aislamiento y desprotección es más acuciante. Sin un refuerzo en los servicios de atención primaria y un aumento real del personal en estos núcleos rurales, las cifras de contratación que presume el gobierno regional resultan irrelevantes para zonas como Molina de Aragón, donde la falta de personal sanitario y la distancia física a los centros especializados perpetúan una situación de injusticia sanitaria que parece no tener fin.
¿Por qué no fomentar plazas para sanitarios en centros de especialidades (o eso es lo que supuestamente es) como el de Molina de Aragón? Atajaríamos dos pájaros de un tiro (perdón por este símil en tiempos de ecologismo): igualdad en servicios sanitarios y lucha contra la despoblación.
La reciente nota del Hospital de Guadalajara, que denuncia la falta de personal y la reducción de contratos, pone de manifiesto una realidad que choca frontalmente con el discurso oficial. Este hospital no es una excepción, sino un reflejo de lo que sucede en muchos centros sanitarios de la región, donde la escasez de profesionales y los recortes afectan directamente a la atención de los pacientes. Pero si ha empezado la comunicación en Guadalajara, ¿no será porque somos los grandes olvidados? Recuerden las expediciones, muchas veces acompañadas de serpas para guiarnos, que debemos hacer para realizarnos, por ejemplo, una prueba de imagen para el diagnóstico como un PET, una RM, etc.
Mientras el gobierno regional se esfuerza en presentar un panorama optimista, la realidad en los pasillos de los hospitales es bien distinta. El personal sanitario está sobrecargado, los turnos son agotadores y los recursos son insuficientes. Esto crea un círculo vicioso en el que, a pesar de las contrataciones anunciadas, la atención se ve mermada por la falta de estabilidad laboral y la sobrecarga de trabajo.
Las largas listas de espera, la precariedad laboral y la desconexión entre el incremento presupuestario y los resultados son problemas estructurales que requieren una solución más profunda.
Hoy informamos, mañana transformamos: ¡Nos vemos en el próximo artículo!
