El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por la consejera Esther Padilla, promueve una enmienda a la Ley de Agricultura Familiar para evitar la expropiación de tierras. Se busca garantizar la propiedad de los agricultores y fortalecer la normativa ante desinformación política.
Gobierno de Castilla-La Mancha Impulsa Modificación de Ley de Agricultura Familiar y Evaluación Ambiental
Toledo, 14 de febrero de 2024 – En una reciente rueda de prensa, la consejera Portavoz, Esther Padilla ha anunciado la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar la Ley de Agricultura Familiar de la región con el objetivo de aportar seguridad jurídica y evitar malentendidos sobre la cesión de tierras al Banco de Tierras.
Según lo expuesto por Padilla, esta modificación busca clarificar que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y no de propiedad, eliminando así posibles confusiones y asegurando los derechos de los propietarios agrícolas. Esta medida, que se llevará a cabo durante la tramitación de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2024, tiene como finalidad contar con la mejor Ley de Agricultura Familiar de España.
La consejera Portavoz destacó que desde la entrada en vigor de esta normativa, pactada con las organizaciones agrarias, el Gobierno regional no ha expropiado ninguna tierra y que esta modificación añade “seguridad y certeza” frente a cualquier inquietud que haya podido generar entre los agricultores.
Además de esta modificación, se anunció la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para mejorar la normativa y potenciar la participación de los ayuntamientos en la tramitación de proyectos que vayan a ubicarse en sus municipios. Esta medida busca que los ayuntamientos evalúen la idoneidad de los proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de sus pueblos, mejorando así su participación en la toma de decisiones sobre el territorio.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el desarrollo sostenible y equitativo de la región, promoviendo una agricultura familiar y respetuosa con el medio ambiente. Con estas modificaciones legales, se pretende fortalecer la seguridad jurídica de los agricultores y fomentar una mayor participación ciudadana en la gestión ambiental y territorial.
Estas reformas legales buscan propiciar un entorno favorable para el desarrollo económico y social de los municipios de Castilla-La Mancha, generando riqueza y empleo de manera sostenible y equilibrada.
Castilla-La Mancha contará con una ley de Agricultura Familiar
